Las presiones contra los funcionarios del Poder Judicial Federal no proceden sólo del crimen organizado, sino también de las autoridades, que mediante las quejas administrativas buscan amedrentar al juzgador y trastocar su autonomía, con el propósito de conseguir resoluciones judiciales que favorezcan a las fiscalías, coincidieron en señalar jueces y magistrados.

En el contexto de la visita a México de Gabriela Knaul, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, cinco impartidores de justicia de nuestro país –que solicitaron no mencionar sus nombres– fueron entrevistados ayer por La Jornada.

Los funcionarios judiciales consultados indicaron que preparan una propuesta que plantearán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que los juzgadores adscritos a entidades donde hay penales de máxima seguridad cuenten con una experiencia mínima de 10 años como jueces y sean rotados cada 12 meses, pues eso haría menos probable que pudieran ser amedrentados por los miembros del crimen organizado.

Uno de los jueces entrevistados dijo que las quejas administrativas desde siempre se han utilizado como medida de presión contra los compañeros, como para dejar el mensaje de que el juez que se atreva a contradecir a las fiscalías corre el riesgo de perder su trabajo.

Otro de los magistrados consultados indicó que una sanción administrativa contra algún impartidor de justicia no modifica el sentido de una resolución judicial. Si un juez ordena la libertad de un inculpado por errores de origen en la averiguación previa, y los fiscales del caso la emprenden contra el juzgador, de ninguna manera conseguirán revocar la resolución dictada; es una especie de acción jurídica de venganza contra los jueces, expuso el funcionario.

Los cinco juzgadores coincidieron en señalar que si el CJF ordenara una rotación cada año de jueces que despachan procesos por delincuencia organizada en entidades donde hay penales de máxima seguridad, habría menos posibilidades de atentados contra los compañeros, pues lo más probable es que ninguno de los juzgadores concluyera un juicio desde la puesta a disposición hasta el dictado de la sentencia en primera instancia.

Sobre la visita de la relatora de la ONU, los funcionarios judiciales consultados indicaron que están abiertos a entrevistarse con ella para exponerle cuál es la realidad de la labor jurisdiccional y los principales problemas y retos que enfrentan los impartidores de justicia en México.