Los 20 michoacanos desaparecidos en Acapulco no tienen antecedentes criminales ni sus cuatro vehículos cuentan con reporte de robo; tampoco puede especularse la causa del suceso, señalarse una implicación de grupos delincuenciales ni definir el caso como un secuestro, porque no se ha pedido pago de rescate, señaló el procurador de Justicia de Guerrero, David Sotelo Rosas.

Ayer en conferencia de prensa ofrecida en Acapulco, el funcionario consideró que se trata de un asunto muy extraño, y lo definió como una privación ilegal de la libertad. Mencionó que el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, se entrevistaría en el transcurso de la tarde con el procurador de Justicia de Michoacán, Jesús Montejano Ramírez, y con familiares de los secuestrados, a quienes también se solicitaría que rindieran declaraciones.

Momentos antes el gobernador indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) atraería el caso, pero Sotelo Rosas precisó que sólo se trabaja en coordinación con esa dependencia, y precisó que hay dos averiguaciones previas en Guerrero y Michoacán. Además, refirió que los familiares de las víctimas y la esposa del denunciante que escapó de ser levantado fueron contactados en sus domicilios y ofrecieron cooperar.

Familiares de los desaparecidos distribuyeron en Morelia, Michoacán, un boletín donde aseguran que ninguno recibió amenazas ni tenía conflictos con nadie, y todos son trabajadores de cuna humilde y buenos principios, levantados injustamente por razones desconocidas cuando se proponían a vacacionar con sus ahorros de un año.

Los identificaron como los hermanos Antonio, Juan Jesús, Rigoberto y Eduardo Ortiz Chávez, dueños de un taller de alineación y balanceo de Morelia, quienes iban acompañados de sus trabajadores Rafael, Alejandro y Sergio Zambrano Ramos; Héctor Calderón Pintor; Pedro Cancino Arévalo, y Felipe Arreola Godínez.

Los restantes eran sus amigos Fernando Ortiz Mora, Juan Pablo Calderón Ortiz, Eugenio Calderón Melgarejo, Juan Serrano Ortiz, Jonathan Sánchez García, Víctor Manuel Corona Mora, Eleuterio Servín Cortés, Efraín Cortés Rangel y un joven de nombre Javier, varios de ellos familiares entre sí; además de Octaviano Ortiz Chávez, médico rural y hermano de los dueños del taller.

Los familiares imploraron a los captores tener conciencia, porque los 20 morelianos son gente de bien que no se mete con nadie. Dijeron vivir momentos de angustia, miedo e incertidumbre por ignorar su paradero, y negaron todo vínculo entre ellos y los jóvenes michoacanos desaparecidos en Colima.

En este último caso, la Procuraduría de Justicia colimense informó que las placas de la camioneta en que se transportaban los siete jóvenes eran sobrepuestas. Un rastreo en la base de datos de la Plataforma México mostró que el vehículo hallado el sábado en Tecomán debía tener las placas NG-10348, y no las MU-36454 que corresponden a otra camioneta modelo 1974, indicó.

Según la dependencia, los jóvenes iban a Manzanillo procedentes de Sahuayo, Michoacán, de donde salieron el 25 de septiembre. En la playa El Real del municipio de Tecomán pasaron por José Carlos Novoa Ortiz y continuaron su viaje, pero luego regresaron.

A las 18:16 horas del mismo día, tras volver al camino, llegaron a la caseta de Cuyutlán. Momentos después los alcanzaron unos policías federales, que ordenaron al conductor detenerse por llevar a dos de los pasajeros en la caja, y el 2 de octubre efectivos del Ejército recibieron un reporte anónimo sobre la camioneta abandonada.

Con información de Notimex, Dpa y Alfredo Méndez