Integrantes de la Unión Nacional de Sindicatos del Colegio de Bachilleres (UNSCB) denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y de su contrato colectivo de trabajo por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la que acusaron de no ejercer el presupuesto autorizado para recategorizar a más de 26 mil agremiados.

Saúl García Pacheco, integrante de la presidencia colegiada de la UNSCB, dijo que han realizado un sinnúmero de trámites con la finalidad de que las autoridades educativas aplicaran el programa de nivelación salarial que se aprobó en el Legislativo en 2004; sin embargo, hicieron caso omiso. También les pedimos que reconsideraran su posición de imponer un modelo de homologación con el sistema de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI), el cual transgrede derechos, violenta contratos colectivos, margina y discrimina a más de 60 por ciento de los trabajadores en general, ya que, refirió, el salario es menor al que percibe un profesor de Bachilleres.

En conferencia de prensa, a la que asistieron representantes de varios estados, García Pacheco señaló que se encuentran en pláticas con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para que obliguen a la SEP a ejercer dicho presupuesto. Asimismo exigirán a los legisladores que propongan una ley de nivelación salarial. La SEP no cumplió con el mandato de aplicar el programa de nivelación que fue aprobado por la 59 Legislatura. No es posible, no es correcto y justo que gane más una maestra de prescolar, que un profesor del Colegio de Bachilleres.

A finales de 2009, trabajadores y académicos que se agrupan en el sindicato del Colegio de Bachilleres estallaron una huelga en los planteles del Distrito Federal, debido, entre otras cosas, a que denunciaron violaciones al contrato colectivo de trabajo respecto de la distribución de 112 millones de pesos que deberían destinarse al programa de nivelación salarial y por la recategorización de puestos.

El asesor legal del la UNSCB, Pablo Franco, indicó que con la medida de homologación que impuso la autoridad, violando el mandato de la Cámara de Diputados, o por lo menos no respetando la intención del legislativo, se ha convertido en un botín para los propios directores, un botín para unos dirigentes corruptos, ya que agregó, el dinero sí ha llegado a los estados y colegios; sin embargo, acusó, se ha destinado para fines que no tienen que ver con la nivelación salarial, pues de los más de mil 600 millones de pesos sólo 40 por ciento se destina a nivelación salarial; el resto lo destinan para infraestructura o cosas que no tienen que ver con las nivelaciones salariales.