El Ejército no puede influir en la percepción del Congreso de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México; sin embargo, confía en que ésta cambie, sostuvo el general de brigada Raúl Gámez Segovia, jefe de la segunda sección del estado mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Agregó que los legisladores estadunidenses analizan la entrega de un tercer helicóptero para la dependencia en el contexto de esa iniciativa, lo que evidencia que se está cumpliendo con esa condición de respeto a los derechos humanos que pusieron.

A su vez, el embajador Benito Andión, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en dar seguimiento a la iniciativa, sostuvo que el Ejército ha realizado un esfuerzo sin precedente en materia de respeto a los derechos humanos, lo cual, añadió, no es producto de presiones de legisladores estadunidenses.

Ese esfuerzo se ha realizado porque México asume su responsabilidad de garantizar a la sociedad el pleno goce y respeto a sus garantías individuales, apuntó.

Agregó que estamos prácticamente ante el fin técnico de la Iniciativa Mérida, ya que el apoyo estadunidense para la adquisición de material y equipo para las instituciones que combaten el narcotráfico está en una etapa muy avanzada.

Al participar ayer en la última jornada del seminario internacional México: seguridad nacional, relaciones cívico-militares, democracia y combate a la delincuencia organizada, el diplomático –enlace del gobierno nacional ante la oficina que se abrió aquí para dar seguimiento de manera bilateral a esa iniciativa– indicó que, de los 400 millones de dólares asignados a México en el año fiscal 2008, se ha ejercido 86 por ciento; respecto a 2009, 31 por ciento, y en el año fiscal en curso está en proceso que el Congreso del país vecino libere los recursos.

Ante su contraparte del gobierno de Estados Unidos, Keith Mines, el diplomático sostuvo que el apoyo bilateral en contra del crimen organizado entrará en una nueva etapa, en la que se pondrá más énfasis en fortalecer la cohesión social en las ciudades más golpeadas por el crimen organizado –en breve empezará un plan piloto en Ciudad Juárez–, así como en la capacitación y el fortalecimiento de los aparatos de justicia y policía de los estados.

Sobre los señalamientos de que la oficina de seguimiento de esa iniciativa en México constituye una violación a la soberanía, porque los agentes estadunidenses realizan labores de investigación e inteligencia, el funcionario aseveró que esa sede no es un nido de espías. Sostuvo que ahí no se intercambia información, inteligencia ni datos sensibles y que su función se limita a garantizar que el equipo y la capacitación prometida se entregue en tiempo y forma.

Mines y Clarie Seelke, del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, aseguraron que la citada iniciativa respeta plenamente la soberanía de México y que existe un compromiso bilateral por combatir el narcotráfico sin intromisiones.

Ambos aceptaron que la ayuda prometida por el Congreso estadunidense no ha fluido en la forma esperada.

Mines comparó el ritmo de la entrega con una tortuga, y ratificó el compromiso de su país de avanzar en el apoyo al gobierno mexicano para que fortalezca sus instituciones y cuerpos militares y policiacos encargados de combatir el tráfico de drogas.