La iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar presentada por Felipe Calderón Hinojosa el lunes pasado siguió generando críticas entre activistas de organismos de derechos humanos, quienes respaldaron los señalamientos de que la mencionada propuesta está trunca y no llena las expectativas necesarias de la legislación internacional. En contraposición, el subsecretario de Seguridad Pública federal y ex secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, sostuvo que la iniciativa constituye un salto cualitativo en materia de protección de los derechos humanos y aseguró que dicho proyecto, incluso, superó lo que mandató la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso Rosendo Radilla y en el de campo algodonero.

En breve entrevista, el funcionario encargado del área de derechos humanos de la dependencia añadió que dicha iniciativa es muy sólida, porque contempla los tres delitos más sensibles que se pueden cometer en el ejercicio de las funciones (de los militares).

Cuestionado sobre el por qué la propuesta sólo contempla que los militares sean juzgados ante la ley civil cuando estén acusados de desaparición forzada, violación y tortura, Alejandro Rubido insistió en que el Ejecutivo federal reflexionó profundamente sobre el tema y reiteró que la reforma supera lo que establecen las sentencias de la Coidh.

Por separado, Humberto Guerrero, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que la propuesta es sólo una lista de delitos excluidos del ámbito de la justicia militar, lo cual de entrada ya representa un error, puesto que los estándares interamericanos indican que ninguna violación a los derechos humanos puede dejarse en manos del Ejército.“La propuesta del Ejecutivo es lo que en términos legales se denomina un numerus clausus, es decir, que en vez de presentar una disposición general sobre los delitos, tiene un carácter restrictivo y limitado y sólo enuncia algunos que no serán objeto de la justicia militar”, explicó.

Además, el Ministerio Público castrense seguiría teniendo la facultad primaria de determinar si en una queja hubo tortura, violación o desaparición forzada, y luego remitirla a la justicia civil ordinaria, pero existe el riesgo de que manipule el caso para no configurar cualquiera de esos delitos.

Por su parte, Nora Martínez Lázaro, coordinadora del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, coincidió en que la propuesta de Calderón todavía está muy lejos de cumplir efectivamente con los lineamientos de la Coidh, lo que perpetúa las condiciones de impunidad de las que gozan los uniformados en el país.

Con información de Fernando Camacho