El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, defendió ante senadores la iniciativa del Ejecutivo contra el lavado de dinero. Sostuvo que es un instrumento administrativo para frenar las actividades financieras del crimen organizado, ya que se prohibirán operaciones en efectivo para adquirir vehículos nuevos o usados cuyo valor rebase cien mil pesos.

Detalló que tampoco se podrán comprar joyas, relojes, obras de arte, yates o empresas, precisamente para evitar que entre dinero ilegal al sistema financiero. Tampoco se podrá pagar renta adelantada por más de cien mil pesos en efectivo.

Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) cuestionaron la iniciativa y plantearon modificarla.

Ricardo Monreal (PT) destacó: es una iniciativa dura, fuerte, persecutoria, ya que considera que todos los que realizan operaciones con dinero en efectivo son presuntos responsables. Detalló que en el estado de Zacatecas y en municipios no hay otra forma de realizar contratos si no es en efectivo, y no porque a diario realicen transacciones en efectivo ya son delincuentes.

Losa de culpabilidad

Francisco Agundis (PVEM) dijo al procurador fiscal: me preocupan todas las medidas que están tomando: impuestos a los depósitos en efectivo (IDE); prohibición de comprar con dólares, y ahora responsabilizan al ciudadano. Quieren que los ciudadanos les hagan el trabajo.

Tomás Torres (PRD) aseveró: el contador, el notario público, el constructor que no investigue el origen de los recursos (...) lleva ya la carga de ser cómplice. El ciudadano no puede seguir con esa losa de culpabilidad encima.

En respuesta, el procurador fiscal aseguró: esta iniciativa no es penal, no estamos haciendo presuntos responsables, o presumiendo que (quienes usan efectivo) son lavadores de dinero, o ya son sospechosos de un delito. El problema es que la delincuencia organizada, como tiene que meter su dinero al sistema financiero, está haciendo víctimas a los inocentes.

No obstante, añadió, esta ley sí va a sancionar a quien no reporte las operaciones inusuales. Tampoco va a tener impacto en la economía porque sólo prohíbe operaciones en efectivo de más de cien mil pesos. Se trata de obstaculizar a la delincuencia para que no pueda introducir en la economía dinero ilegal.