La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por considerar que ha violado la Constitución, las leyes Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, de Vías Federales de Comunicación y el Código Penal federal, al ordenar el desalojo por la fuerza de habitantes y comuneros en el municipio de La Huerta, en la región costera del estado.

Los priístas denunciaron al gobernante de extracción panista por el citado desalojo y provocar el cierre de la carretera construida por el gobierno federal que da acceso al predio de la playa en conflicto, a pesar de que el artículo 27 constitucional los declara bienes nacionales, violando así el derecho al libre tránsito y el disfrute a una de las playas más hermosas de las costas de Jalisco.

David Hernández y Salvador Caro (ambos priístas), recordaron que el 7 de septiembre pasado el pleno de la Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un punto de acuerdo que exhortaba al gobierno de Jalisco a atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tendientes a retirar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, desbloquear la carretera en cuestión y permitir el libre acceso a la playa.

Arturo Zamora recordó “las declaraciones del gobernador del estado, de que los diputados federales solicitamos ‘cosas irracionales’, son irresponsables y faltan al respeto a quienes somos representantes populares, además de mostrar su poco interés en atender un asunto que puede desencadenar actos violentos con consecuencias irreparables”.