Pachuca, Hgo., 29 de octubre. Aproximadamente 15 mil campesinos de las regiones huasteca y otomí-tepehua del estado de Hidalgo son enganchados durante los ciclos agrícolas y muchas veces son conducidos a plantaciones de mariguana de Chihuahua y Sinaloa, denunció Alejandra Villalpando Rentería, presidenta de la Comisión de Población y Migración del Congreso local.

Los hidalguenses que van a Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, en ocasiones llegan a sembradíos de mariguana y no conocen el nombre del lugar, del campo agrícola o del rancho al que son conducidos y es frecuente que sus familiares los den por desaparecidos porque ignoran su paradero, agregó la legisladora.

Explicó que el enganche se hace mediante engaños. Se prometen al jornalero buenas condiciones de vida, hospedaje e ingreso atractivo, pero se convierten en víctimas de la trata porque permanecen prácticamente secuestrados por sus contratantes.

En los expedientes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo constan los casos de Guillermina Hernández Martínez, de Xochiatipan, y de Margarito Hernández Rivera, de Tlanchinol (ambos municipios localizados en la Huasteca).

La primera fue timada en octubre de 2008 por un productor de tomate en Altamira, Tamaulipas, quien se negó a pagarle lo convenido y sólo accedió a cubrirle 400 pesos para su viaje de regreso.

En enero de 2009, Margarito recibió un cheque sin fondos por mil 300 pesos como pago por trabajar en los campos agrícolas de Culiacán, Sinaloa.

Villalpando Rentería, promotora de la recién aprobada Ley Estatal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, aclaró que el problema no sólo se circunscribe a la explotación laboral, sino también en sus modalidades de lenocinio, servidumbre, matrimonios forzados o por deudas y extracción ilícita de órganos.

Otro rostro es la prostitución, pues en los antros de la zona metropolitana de Pachuca se pueden encontrar sexoservidoras rusas, polacas, húngaras, canadienses y estadunideses.

Aunque la delegación del Instituto Nacional de Migración sólo reporta su intervención en el caso de tres venezolanas –de 2009 a la fecha– y de sus informes se desprende que han disminuido considerablemente las revisiones practicadas a los giros negros: de 27 en 2009 a sólo siete en lo que va de 2010.