yer por la tarde, una marcha convocada por estudiantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra de la militarización de aquella localidad fronteriza, fue agredida ayer por elementos de la Policía Federal, con saldo de un estudiante herido de gravedad. El hecho, de suyo delicado y condenable, adquiere una dimensión particular al producirse en esa urbe, en la que convergen las consecuencias de décadas de abandono e indiferencia gubernamentales con los fallos y los abusos de la actual política de seguridad, y en la que han sido visibles, en los últimos meses, expresiones de un amplio rechazo ciudadano a la presencia de efectivos federales, sean soldados o policías.
Si la cuota diaria de balaceras, ejecuciones y levantones asociados al narcotráfico configuran un escenario de ingobernabilidad y de suspensión de facto de las garantías individuales en Ciudad Juárez, ahora ese panorama se ve acentuado por un evidente desplazamiento de la corporación policiaca federal: de las actividades de combate –ineficaz, por lo demás– contra los grupos delictivos, a las acciones de criminalización y represión de la protesta social.
Desde un punto de vista más general, la agresión en la localidad fronteriza tiene un denominador común con otros ataques de efectivos gubernamentales en contra de civiles inocentes y desarmados, y también con las matanzas perpetradas durante la última semana en la propia Ciudad Juárez, Tijuana, Tepic y el Distrito Federal: una estrategia de seguridad fallida y –hoy es meridianamente claro– contraproducente. La evidencia del fracaso de la guerra contra el narcotráfico
del calderonismo es demasiado contundente como para justificarla como un problema de percepción
o como para porfiar en argumentos circunstanciales y falaces como los que han buscado presentar a las víctimas de asesinatos colectivos como integrantes de la delincuencia organizada, como si eso atenuara en algo la gravedad de esos hechos.
Igualmente improcedente es atribuir la génesis de los fenómenos delictivos actuales a la indolencia y la permisividad de administraciones anteriores, como lo hizo esta misma semana el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, al decir que el ex presidente Vicente Fox no actuó a tiempo
contra la delincuencia: tales señalamientos pasan por alto el hecho de que fue el propio Fox quien dio inicio a los espectaculares despliegues policiaco-militares con los que se estrenó en el poder su sucesor, y de que este último colocó en posiciones centrales de la política de seguridad a ex funcionarios foxistas, como Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora.
Por desgracia, y a contrapelo de advertencias y los llamados a la sensatez y a la reflexión, las autoridades se empecinan en mantener un rumbo a todas luces incorrecto, como queda de manifiesto con el dicho presidencial, formulado el pasado martes, de que el camino actual en materia de seguridad es el único que hay
. Otro tanto puede decirse de los supuestos llamados gubernamentales a dialogar
en torno a la estrategia de seguridad vigente: como señalaron ayer integrantes de organizaciones de la sociedad civil, las convocatorias a discutir esos temas en cumbres tan pomposas como infértiles han quedado reducidos a condición de show mediático y de pasarela política para los participantes.
El actual equipo de gobierno tiene elementos suficientes, y hasta sobrados, para concluir que la política de combate al narco es equívoca y que un viraje en esa materia resulta impostergable. También tendrían que cobrar conciencia, sobre todo a la luz de episodios como el de ayer en Ciudad Juárez, que la paciencia y la civilidad de la sociedad –que hasta ahora han sido enormes– tienen límites.
