ras dos días de reuniones en Washington, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció ayer su decisión de inyectar 600 mil millones de dólares a la economía de ese país, por medio de la compra mensual, hasta mediados de 2011, de bonos de deuda del gobierno. Se trata de una maniobra inédita para la economía en tiempos de recuperación, que tiene como objetivo disminuir el costo de los préstamos a particulares y a empresas, y reactivar así el consumo de la población estadunidense.

Aunque el presidente de la Fed, Ben Bernanke, calificó la medida como esencial y defendió su pertinencia para promover una recuperación más fuerte, la decisión generó reacciones encontradas incluso en el seno de esa dependencia: el presidente de la Fed de Kansas, Thomas Koenig, sostuvo ayer que los riesgos de llevar a cabo el plan superan los beneficios, y destacó que la operación podría ocasionar un incremento de las expectativas de inflación y desestabilizar la economía.

La falta de consenso permite ponderar el carácter heterodoxo de la medida, cuya adopción, sin embargo, obedece al agotamiento de los mecanismos tradicionales del banco central de Estados Unidos para estimular el crecimiento económico; cabe recordar que, desde hace casi dos años, la Fed ha mantenido en niveles cercanos a cero por ciento la tasa de interés referencial, sin que ello se haya traducido hasta ahora en una recuperación económica vigorosa en el país: así lo demuestran, entre otros indicadores, la tasa anual de crecimiento de la economía estadunidense –que fue de 2 por ciento durante julio y septiembre, una cifra inferior a 3.7 por ciento registrado en los tres primeros meses del año–, y los altos niveles de desocupación que persisten en esa nación, superiores a 9 por ciento.

Pero si esta medida resulta en principio atractiva y hasta plausible, su aplicación supone un reto mayúsculo para las autoridades de Washington: lograr que los nuevos estímulos lleguen a la economía real, y que se vean reflejados en los sectores productivos y en los bolsillos de los consumidores. Es preocupante, al respecto, que el gobierno estadunidense no haya planteado ayer mismo las medidas de redistribución y control correspondientes para que el circulante emitido por la Fed termine por beneficiar a las mayorías, y no se quede constreñido en los circuitos financieros de Wall Street o en los mercados cambiarios. Tales omisiones prefiguran el riesgo indeseable de que el plan anunciado se traduzca solamente en una espiral inflacionaria y que sus únicos beneficiarios sean los especuladores, como ocurrió en nuestro país el año antepasado con la decisión del Banco de México de subastar una buena porción de sus reservas internacionales para atenuar la caída del peso frente al dólar.

El corolario ineludible de estas reflexiones es que es necesario reformar a fondo las prácticas y normas vigentes en los ámbitos económico y financiero, así como aplicar mayores regulaciones gubernamentales a la banca privada, a los mercados de valores y a los mecanismos cambiarios; de lo contrario, y en la medida en que persista la dinámica actual, se corre el riesgo de que las autoridades nacionales y regionales estén auspiciando, con medidas como la comentada, el surgimiento de nuevos factores de inestabilidad económica y financiera.