a mañana de ayer, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo que la actual estrategia de combate a la delincuencia es enormemente valorada por los mexicanos de hoy, quienes aplauden la presencia del Ejército en las calles; horas más tarde, en Baja California, admitió que seguramente habrá más masacres como las ocurridas en los días recientes en ésa y otras entidades del país, y opinó que la clave es perseverar y no cejar hasta tener reconstruidas nuestras instituciones y reconstruido el tejido social.

Tales declaraciones tuvieron, como telón de fondo una jornada particularmente cruenta, en la que fueron asesinados dos estudiantes universitarios a manos de un comando armado en Ciudad Juárez; el hallazgo de 18 cadáveres en una fosa clandestina en Acapulco; el homicidio, en esa misma localidad, de cuatro policías de tránsito, y la ejecución de tres hombres en Tijuana, Baja California. Estos crímenes han de agregarse al saldo trágico registrado en la semana anterior, en el que se inscriben, también, el asesinato de una veintena de personas el pasado martes en varias entidades, y las muertes, en distintos episodios, de cinco ciudadanos estadunidenses en la propia Ciudad Juárez.

En este contexto de violencia desorbitada, los ensayos verbales en defensa de la política de seguridad de la actual administración, con sus extrañas explicaciones en el sentido de que los asesinatos y levantones son signo del avance en la lucha contra la delincuencia, contrastan con la inaceptable cuota diaria de muertes y han terminado por agotar las posibilidades políticas del discurso, incluso si éste no resultara tan autocomplaciente y falto de autocrítica como el que es habitual escuchar de la administración calderonista.

Tal circunstancia resulta lamentable y preocupante, porque uno de los principales instrumentos de todo régimen político es, precisamente, su capacidad discursiva. Pero si hasta hace unos meses habría sido deseable un viraje en las expresiones públicas de las autoridades en materia de seguridad –que incluyera el reconocimiento de la inviabilidad de la actual estrategia y la disposición para reformularla–, hoy parece haberse agotado el margen para actuar en ese sentido.

El actual equipo de gobierno tendría que darse cuenta que la paciencia de la sociedad comienza a agotarse, y que la tranquilidad de la población no podrá restaurarse con palabras, y menos si lo que se quiere comunicar con ellas es la perspectiva de un baño de sangre indefinido en el país, como lo hizo ayer el Presidente. En la situación presente, lo que cabe esperar del gobierno federal es que reformule su estrategia fallida y contraproducente de combate a la delincuencia y que se consagre, en lo inmediato, a la tarea más urgente: lograr el cese de la violencia, la pacificación del territorio y la reconstrucción de la seguridad pública.