La próxima semana se reunirán en México funcionarios de 38 países y representantes de 142 naciones (incluidos defensores de derechos humanos, académicos y observadores) para analizar el tema de la migración.

El cónclave internacional se desarrollará al tiempo que gobiernos y organizaciones civiles alertan de la multiplicación de zonas de riesgo para las personas en tránsito, así como de los efectos de la separación de familias (o el éxodo completo de las mismas) en busca de una mejor forma de vida.

Habrá representación plural, pero las conclusiones y eventuales acuerdos que se alcancen en este cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo no tienen carácter obligatorio.

Es decir, el seguimiento y aplicación de las propuestas que de ahí surjan queda a voluntad de cada gobierno, en el marco de la propia soberanía.

No obstante, el foro que se realizará en Puerto Vallarta, Jalisco, del 8 al 11 de noviembre, tendrá por primera vez un espacio común de integrantes de la sociedad civil (habrá más defensores de derechos que académicos) y de los gobiernos.

Este foro es una iniciativa que surge del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración, en la Asamblea General de Naciones Unidas. En 2013, después de llevarse a cabo seis foros mundiales, se reunirán nuevamente los jefes de las delegaciones para hacer una evaluación general del tema.

Para el martes, en plena jornada de trabajo de los representantes de la sociedad civil, cuando se denunciarán los riesgos de “militarizar y seguritizar” la migración, acudirá al foro el presidente Felipe Calderón.

Los defensores de los derechos de migrantes, especialmente en América, lamentan el avance del partido republicano en Estados Unidos (lo que dificulta una reforma migratoria en ese país) y, en particular, el reforzamiento de fronteras desde la lógica de seguridad de Washington.

Por parte de México, anfitrión y punto de referencia del fenómeno (es nación de origen, tránsito y destino de migrantes), el gobierno federal sostendrá encuentros bilaterales con sus pares de países centroamericanos para analizar el problema de la inseguridad de los ciudadanos de aquellas naciones en su paso por territorio nacional rumbo a Estados Unidos.

En agosto pasado, 72 migrantes. la mayoría procedentes de Centroamérica, fueron secuestrados y asesinados por un grupo vinculado con la delincuencia organizada. Para atender este punto y otros en materia de regularización y seguridad, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, conversará con Lorena Escudero, secretaria nacional del Migrante de Ecuador, con el viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, y con Alden Rivera, vicecanciller de Honduras.

El gobierno estadunidense enviará para este encuentro a Erick P. Schwartz, secretario de Estado Adjunto de Población, Refugiados y Migración. De Canadá acude Les Linklater, subsecretario Adjunto del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración.

En la lista se encuentra también Abdalsam Soltan, ministro para Desplazados y Migrantes de Irak, así como enviados, a nivel ministerial, de Dominica, Kenia, Libia, Malí, Nepal y el ministro para la Preparación de los Desastres y los Refugiados de Ruanda.

A nivel de viceministro o su equivalente, está confirmada la asistencia de Albania, Armenia, Australia, Bolivia, Camerún, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, Malasia, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Paraguay, Perú, Siria y Sri Lanka, entre otros.

Al término de la reunión de Acción Global de los Pueblos –encuentro previo de grupos civiles–, Óscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas –red de defensores de migrantes en Estados Unidos–, dijo: Estamos viviendo una crisis global de democracia porque como pueblos y sociedad civil no hemos tenido ninguna participación en la definición de los acuerdos de seguridad internacional.