El único mérito que tiene la ley aprobada en el Senado sobre la venta de comida chatarra en las escuelas es que refuerza las atribuciones de las secretarías de Salud y Educación para regular sobre el tema y así hacer frente a probables amparos de la industria contra la normatividad, que entrará en vigor en enero próximo, destacó Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC).

Recordó que en la consulta pública sobre dichos lineamientos, diversas asociaciones y cámaras empresariales advirtieron que no son de carácter obligatorio porque no se basan en una ley, sino en el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, aunque posteriormente las autoridades los anclaron a un artículo de la Ley General de Salud.

Si bien Calvillo criticó que los senadores cedieron a los cabildeos de la industria de bebidas y alimentos industrializados, al no prohibir la venta de productos chatarra como originalmente plantearon, consideró que la Cámara de Diputados debe aprobar la ley tal como le fue enviada por su colegisladora.

Cualquier cambio, dijo, le quitará fuerza, ya que obligará a que se regrese al Senado y la discusión se extenderá indefinidamente en beneficio de las empresas. Previó que el cabildeo será más fuerte en la cámara baja y que particularmente los legisladores del PRI se opondrán a la ley.

Frente a la epidemia de obesidad que padece la población, insistió, se requería una ley de mayor envergadura y la aprobada el jueves sólo refuerza un poquito el mediano logro que representan los lineamientos de las secretarías de Salud y Educación, que también resultaron muy alterados por los intereses de las empresas, las cuales lograron que bebidas como yogures, de soya, jugos y néctares que tienen altos contenidos de azúcares o edulcorantes fueran catalogados como alimentos para su venta en escuelas.

El Senado no estuvo a la altura del reto, sentenció Calvillo, y criticó la profunda ignorancia de los legisladores acerca de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) sobre etiquetado y publicidad de los alimentos industrializados.

Desde mayo de este año la OMS señaló que los gobiernos son responsables de regular la publicidad de comida chatarra dirigida a niños. Eso es un hito en el tema de la obesidad, pero el Senado le dio la vuelta, no hizo nada sobre publicidad y la ley que aprobó contiene en gran medida enunciados que ya existen en la Ley General de Salud en materia de prevención, como las campañas alimentarias, o que la publicidad no engañe, lo cual no ha servido, abundó.

Tampoco hubo propuesta o discusión alguna sobre etiquetado, a pesar de que es un tema fundamental para los consumidores por la información que deben manejar las empresas de manera clara sobre el contenido real de azúcar, grasa y sal de los productos, como ocurre en otras naciones.