Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex secretario de Seguridad Pública de Morelos, fue encarcelado este fin de semana en el Centro Federal de Readaptación Social de El Rincón, Nayarit, debido a que enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, informó este domingo la Procuraduría General de la República (PGR).

Una de las personas que testificaron contra el ex funcionario y reveló sus supuestos nexos con ese grupo delictivo fue Sergio Villagrán Barragán, El Grande, quien ya forma parte del programa de testigos protegidos de la PGR.

Guillermo Pasquel, abogado de Cabeza de Vaca, calificó de infundadas las declaraciones de El Grande, quien afirmó que el extinto Arturo Beltrán Leyva utilizó el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos para escapar de diversos operativos militares.

En un comunicado emitido este domingo, la PGR informó que, luego de que el ex funcionario estuvo arraigado durante casi un mes, el juez segundo de distrito en Morelos, con sede en Cuernavaca, concedió la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de fomento.

La dependencia se limitó a señalar que existen indicios de que estuvo relacionado con la organización de los Beltrán Leyva durante su desempeño como jefe de la policía de esa entidad.

Cabeza de Vaca fue capturado el 9 de octubre por elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ese día, el ex funcionario había sido liberado después de haber permanecido preso casi dos años –también por acusaciones ligadas al crimen organizado–, en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

En el comunicado, la PGR destacó que fue fundamental la colaboración de las autoridades del gobierno de Morelos durante la investigación contra Cabeza de Vaca Rodríguez. Pasquel sostuvo que con sus señalamientos, El Grande sólo busca la protección que dan las autoridades federales en favor de las personas detenidas y arraigadas por sus nexos con el crimen.