Las agresiones a niños y niñas son un fenómeno que ha adquirido mayor amplitud en años recientes, debido a la normalización de la violencia por prácticas culturales negativas, pero también por la crisis económica y los efectos de la “guerra contra el narco” lanzada por Felipe Calderón, advirtieron los asistentes a la presentación del informe La infancia cuenta en México 2010.

Elaborado por especialistas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el documento se compone de dos libros, uno de ensayos y otro de datos estadísticos, en los cuales se analizan 66 indicadores obtenidos por instituciones públicas sobre el ejercicio y disfrute de los derechos de niños y adolescentes.

El trabajo divide al país en cuatro regiones (noroeste, noreste, centro y sur-sureste) y toma en cuenta seis campos de estudio, entre ellos el demográfico, de ciudadanía, seguridad y hábitat, pero este año se hizo un énfasis especial en el tema de la violencia, un índice difícil de cuantificar, pero con una presencia cada vez más fuerte.

Entre las diversas variantes de la violencia se mencionan la relativa a los homicidios cometidos contra y por menores –aspecto que ha aumentado de forma preocupante en el norte y el centro del país–, las agresiones en las escuelas y la omisión de cuidados suficientes para garantizar el bien de los niños, así como la explotación sexual y laboral, entre otras.

Uno de los factores que siguen propiciando esta situación, afirmó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, es el hecho de que la mayoría de los adultos siguen considerando normal pegarle a los niños, y pensar además que es por su bien.

Sin embargo, en años recientes también ha jugado un papel negativo el baño de sangre contra los jóvenes, ya sea como blanco de los sicarios o por errores y excesos de las fuerzas de seguridad, lamentó.

Por su parte, Luis González Plascencia, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, alertó en una conferencia magistral que muchos niños y jóvenes no sólo están siendo víctimas de la violencia, sino también victimarios, al unirse a grupos del crimen organizado como una alternativa de subsistencia ante la falta de oportunidades de desarrollo.

Frente a ello, el gobierno ha tenido una respuesta cada vez más represiva, con políticas de mano dura que sólo persiguen un efecto electoral, pero que nunca resuelven la cuestión de fondo.

A pesar de las reformas constitucionales de 2000 y 2005 a los artículos 4 y 18, el Estado mexicano sigue teniendo una visión asistencialista con respecto a los niños y niñas, lo que le impide adoptar políticas coherentes y organizadas, y reconocer de forma plena los derechos de éstos, en vez de considerarlos retóricamente como una promesa del futuro.