Nueva York, 19 de noviembre. El Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy fue otorgado hoy a Abel Barrera Hernández, fundador y director de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, ubicado en Guerrero, “por sus enérgicos esfuerzos para acabar con los abusos a los derechos humanos que resultan de la impunidad de que goza el Ejército y (de) la narcoviolencia”.

Kerry Kennedy, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK), y Ethel Kennedy, viuda de Robert, entregaron el galardón a Barrera en una ceremonia realizada en un salón del Senado de Estados Unidos.

Ahí, el secretario asistente de Estado para Derechos Humanos, Michael Posner, declaró que en México los defensores de esas garantías “son amenazados con muerte, y sujetos al arresto arbitrario, la desaparición y las ejecuciones”. Al elogiar la labor de Barrera, dijo que ha dado voz a su comunidad, apelado sus casos ante los tribunales y atendido sus necesidades básicas.

Barrera aceptó el premio declarando que al igual que los pueblos indígenas de Guerrero, levantaremos nuestras voces para detener la guerra, detener la criminalización de la lucha por la justicia de los defensores de derechos humanos, evitar que se derrame más sangre inocente y poner fin al asilo de la impunidad.

Kerry Kennedy declaró sobre Barrera: nos inspira por su determinación implacable de llevar la justicia a los pueblos marginados de México.

Barrera, como parte del programa de actividades de dicho centro, participó en varios actos en Washington y Nueva York. En entrevista con La Jornada en esta ciudad, dijo que lo esperanzador es que en México se acabó el silencio y que muchos afectados por abusos han perdido el miedo a demandar sus derechos.

Consideró que la guerra contra el narco ha victimizado ante todo a los más vulnerables, y se utiliza para criminalizar la protesta social.

Las víctimas de esta guerra, dijo Barrera, son la gente más pobre, la población más vulnerable: los indígenas, las mujeres y, obviamente, los jóvenes, que están cargando con una decisión de las autoridades de militarizar más nuestro país.

El problema más grave de la estrategia militarizada es la impunidad oficial, acusó.

Hay un encubrimiento total hacia las actuaciones ilegales del Ejército. Se le está dando más poder al Ejército sin ningún control civil y sin ninguna exigencia de que rinda cuentas, que sea transparente y sobre todo que se castiguen los delitos en el fuero civil.

Por ejemplo, Barrera señaló el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron violadas por militares, pero al presentar el caso ante una instancia civil ésta lo turnó al fuero militar, que encubrió los hechos, obligando a Tlachinollan a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se condenara el delito.

En esta guerra no funciona el sistema de justicia y se protege a los que violan los derechos humanos, insistió.

Comentó que existe una dimensión represiva de la guerra contra el narco. En este sexenio de Felipe Calderón, la persecución a los dirigentes sociales ha crecido (...) La criminalización de la protesta social se ha incrementado, aseveró.

Señaló el caso de Atenco como el más ilustrativo. Ahí vemos cómo se castiga más a los luchadores sociales con penas altísimas que a gente vinculada con la delincuencia organizada. Hay castigo para los dirigentes sociales, no para el Ejército, que comete violaciones de derechos humanos.

Otro ejemplo, añadió, es la encarcelación de los dirigentes campesinos que se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota.

Uno más es el caso del encarcelamiento de Raúl Hernández, defensor de derechos de una comunidad indígena, quien fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.

Se fabrican delitos para acallar la protesta, para poder desarticular la organización y criminalizar a los que luchan, resumió.

Barrera afirmó que la estrategia del combate al narcotráfico es también una estrategia de contención social (...) Se usa al Ejército para intimidar, desmovilizar, causar terror.

Agregó que en Guerrero se ha utilizado al Ejército más para estrategias de contrainsurgencia que para combatir el narcotráfico.

Señaló el caso de Ayutla de los Libres, donde se cometió la masacre de El Charco: “El Ejército ha estado para implementar esta estrategia de castigar, perseguir, de amedrentar a la comunidad indígena que se organiza.

Se estigmatiza la lucha social y a los defensores como delincuentes. El combate al narcotráfico genera una práctica de golpeteo sistemático al movimiento social y de clasificar a todos como parte de la delincuencia organizada, y eso es peligroso.

Ante ese panorama oscuro, Barrera indicó que da esperanza la existencia de “un movimiento social más vigoroso, que asume con mayor responsabilidad su protagonismo dentro de los diferentes campos de la lucha social.

Por ejemplo, la defensa de la tierra por la población indígena y campesina es muy clara, sobre todo porque las reformas neoliberales avalan la privatización de territorios.

Agregó que hay una amplia gama de movimientos no vinculados a partidos que “están reconstruyendo el tejido roto por el mismo golpeteo gubernamental, y esto genera esperanza.

La gente está harta de las manipulaciones. Sobre todo ha perdido el miedo. A pesar de la militarización y el terror que se genera, hay una sociedad que va para adelante, que perdió el miedo, está encarando y denunciando los abusos. Ya no hay silencio.

Dijo que la importancia de este premio del Centro RFK es que es una muestra clara de una preocupación que existe a nivel internacional de lo que está sucediendo en el país, de estas políticas fallidas que se están dando por parte de los gobiernos.

Subrayó que Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad en no establecer acuerdos con México si no pasa por el filtro de los derechos humanos.

Monika Kalra Varma, directora del Centro RFK, indicó a La Jornada que el premio también es el inicio de una relación de trabajo conjunto durante los próximos años entre su centro y Tlachinollan, y un objetivo es dar a defensores de derechos humanos como Abel, quien realiza su trabajo con un alto riesgo personal, un perfil más alto a nivel internacional, así como apoyar los esfuerzos de su centro en el terreno.

Barrera se suma a 42 defensores de 25 países que han recibido el premio a lo largo de los últimos 27 años.