Decidir entre la restitución del predio El Encino a su dueño o que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pague la indemnización correspondiente por los 86 mil metros cuadrados que mide el terreno dividió ayer al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una controvertida sesión en la que se analizó qué debe prevalecer: el respeto a la propiedad privada o el interés social.

Cuatro ministros se pronunciaron en favor del proyecto elaborado por Luis María Aguilar en el sentido de que la Corte ordene el pago sustituto; cuatro se manifestaron en contra y los dos restantes evitaron definir su postura en este caso. En su momento, este asunto fue la razón por la cual el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fue desaforado por la Cámara de Diputados para que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciara acción penal en su contra por no haber acatado un amparo a favor de la empresa Promotora Internacional Santa Fe en contra de la expropiación del predio.

Ayer, el ministro ponente –apoyado por Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y Arturo Zaldívar– argumentó que en el terreno en disputa ya se construyeron obras de infraestructura en materia de drenaje profundo, aguas tratadas y de lluvia, infraestructura eléctrica, infraestructura urbana, banquetas, además de que está pendiente la última etapa de las vialidades Vasco de Quiroga y Gabriel Hernández.

Si no se declara el cumplimiento sustituto (es decir la indemnización en lugar de la entrega del terreno), toda la inversión que significó la construcción de las obras se perdería por completo, lo que implicaría un gasto público ocioso y la existencia de obra pública que no puede ser aprovechada por la sociedad, sostuvo.

Agregó que, de aceptarse su propuesta, la sociedad podrá beneficiarse de las obras ya iniciadas, las cuales podrían ser incluidas por la autoridad administrativa competente y la quejosa recibirá el pago al precio que conforme a derecho corresponda.

Zaldívar comentó que de esta forma el gobierno capitalino pagaría el predio al valor comercial vigente en el año en que fue expropiado (2000) y debidamente actualizado, al tiempo que exhortó a sus compañeros a tomar en cuenta los hechos notorios que hay, porque no podemos juzgar en una burbuja de cristal, ajenos a la realidad; aquí hay una necesidad social, clara y evidente.

También mencionó que el terreno en disputa no tiene que ver únicamente con el camino de acceso al hospital ABC –como mencionaron el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre, Juan N. Silva Meza y Margarita Luna Ramos–, sino que permitirá el paso de toda la cantidad de gente que vive en esa zona, y que ahora tiene que hacer un camino verdaderamente absurdo para dar la vuelta y regresarse por donde no es lo idóneo.

Ortiz Mayagoitia sostuvo que la motivación real, la causa que tuvo el Distrito Federal para este desarrollo, fue resolver un litigio con el Hospital ABC, diciéndole: en 18 meses voy a entregar estas vialidades. Además del hospital, ¿sirven éstas vías de comunicación a la sociedad? Con toda seguridad, sí.

Al igual que los tres ministros, dio preponderancia al respeto a la iniciativa privada, ya que, desde su punto de vista, no se justificó el interés social de las autoridades capitalinas para expropiar el predio. La discusión continuará mañana jueves.