La admisión de la controversia constitucional que presentó el Congreso de la Unión en contra del apagón analógico es válida, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe definir si el decreto presidencial que adelanta la transición a la televisión digital invadió la esfera de competencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)

Lo anterior se desprende del proyecto de dictamen elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos, en el cual analiza los recursos de reclamación que presentaron el presidente Felipe Calderón y la Cofetel en contra de la suspensión provisional del decreto presidencial que establece que para el 31 de diciembre de 2015 opere en el país plenamente la televisión digital en México, en lugar de 2021, como estaba previsto.

El documento de Luna Ramos está listado para ser discutido el próximo miércoles primero de diciembre en la sesión de la segunda sala de la SCJN. Fuentes judiciales consultadas prevén que la mayoría de los magistrados avale su dictamen.

De lo contrario, resultaría que con el voto de tres de los cinco ministros de la segunda sala habría sido suficiente para desechar un asunto que jurídicamente es importante para determinar la esfera de competencia del Ejecutivo federal y del Congreso en materia de telecomunicaciones, señalaron funcionarios judiciales consultados.

Primero se debe confirmar la decisión de la ministra instructora Olga Sánchez Cordero, de admitir las controversias que presentaron por separado las cámaras de Diputados y Senadores en contra del decreto presidencial sobre el apagón analógico.

Luego, el ministro José Ramón Cossío será el encargado de elaborar su dictamen en torno a los recursos de reclamación que presentaron el presidente Calderón y la Cofetel en contra de la suspensión concedida por Sánchez Cordero a efecto de que no se aplique el citado decreto hasta que el pleno de la Suprema Corte resuelva en definitiva las demandas del Congreso.

Al momento de admitir las controversias, Sánchez Cordero concedió la suspensión solicitada por los legisladores, a efecto de que no se integre la comisión intersecretarial prevista en el reglamento –encabezada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, que sería la encargada de coordinar las acciones del gobierno federal para que la transición a la televisión digital se lleve a cabo a partir de 2011 hasta su plena implementación, en 2015.

La suspensión también señala que el gobierno federal no puede implementar el citado reglamento hasta que no haya una decisión definitiva de la Corte sobre su constitucionalidad.

Una vez confirmado el proyecto de Luna Ramos, el ministro Cossío se encargaría de elaborar sus proyectos sobre los recursos de reclamación que tienen que ver con la suspensión, los cuales no serían analizados hasta el año entrante.