on una carta que pretende ser aclaratoria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su director general de Comunicación Social, intenta refutar –sin lograrlo– el contenido de un reportaje del semanario Proceso (número 1776, 13 de noviembre) intitulado El gran espía, escrito por Jorge Carrasco A. y Jesús Esquivel, sobre el establecimiento en México de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), en la que agentes de nueve servicios de inteligencia estadunidenses, entre los que predominan los militares, llevan a cabo tareas operativas abierta y libremente en territorio mexicano, con la venia y complacencia del gobierno colaboracionista de Felipe Calderón.

El establecimiento de la OBI se presenta como una oportunidad histórica porque a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y, sobre todo, con la Iniciativa Mérida, los grupos dominantes de Estados Unidos consideran –precisamente– que se abrió el camino hacia la colaboración con México.

Con toda conciencia aplico el término colaboracionista (del francés collaborationniste), surgido durante la Segunda Guerra Mundial para describir a quienes cooperaron con los ocupantes nazis, y después extendido a la ciencia política para describir a los distintos gobiernos, grupos o personas que favorecen y ayudan una ocupación extranjera. Colaboracionismo es definido por el Larousse como el conjunto de ideas, actitudes y tendencias favorables a la colaboración con un régimen que la mayoría de los ciudadanos de una nación consideran opresivo o nefasto, especialmente si se trata de un régimen de ocupación. En su acepción inglesa, el vocablo significa colaborar traidoramente con el enemigo (The concise Oxford dictionary of current english).

En respuesta a esa carta de la cancillería (Proceso, número 1777, 21 de noviembre de 2010) –endeble en sus argumentos y poco convincente–, ambos periodistas reiteran el carácter operativo de los agentes estadunidenses y afirman –con fundamento documental y testimonial– que la creación de la OBI fue anunciada en Washington el 25 de marzo de 2009 por la propia Casa Blanca, mientras la contraparte mexicana tardó un año y cinco meses para dar a conocer su apertura en México, el 31 de agosto de este año, de lo que el vocero de la SRE denomina eufemísticamente: Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida.

Este reportaje, en el que se ubica la sede de la OBI en los pisos superiores del edificio situado en Paseo de la Reforma 265, muy cerca de la embajada de Estados Unidos, refiere también sobre las reticencias del Ejército y un poco menos de la Marina en torno al establecimiento y las prerrogativas de este centro de espionaje al que se subordinan los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos, y cuyos agentes incluso pueden vigilar a las mismas dependencias gubernamentales, incluidas las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

También, el malestar creciente de sectores de las fuerzas armadas es revelado en el reciente artículo de Zósimo Camacho México: focos rojos en Sedena ante posible intervención de Estados Unidos, en el que se afirma lo siguiente: “Militares en activo, generales y coroneles –que ocupan cargos operativos en el Ejército Mexicano– manifiestan su preocupación ante la posible intervención militar de Estados Unidos en México. Se muestran frustrados por la política de Felipe Calderón, obsequiosa ante los duros del Pentágono, y advierten que se construye el ‘escenario’ para el ingreso de tropas estadunidenses a territorio nacional. Señalan que una parte del caos y la violencia en ciudades mexicanas es inducida desde el exterior con la anuencia del gobierno federal. Especialistas en seguridad nacional (se refiere a Guillermo Garduño, Abelardo Rodríguez Sumano y Jorge Luis Sierra) coinciden en que se generan las condiciones que justifiquen una ‘cooperación más estrecha’ en el plano militar entre ambos países” (Contralínea, 21 de noviembre de 2010).

Es significativo que militares en activo –protegidos por el anonimato– se hayan atrevido a hacer declaraciones públicas que ponen en entredicho la tradicional cohesión institucional de la fuerza armada y el acatamiento incondicional a la cadena de mando. De acuerdo con Camacho, estas son válvulas de escape y señales de lo que ocurre en el ámbito castrense.

No obstante, pese a esta opinión en el interior de las fuerzas armadas mexicanas, la participación de oficiales en cursos de adiestramiento en bases militares de Estados Unidos, bajo la coordinación del Departamento de Defensa de ese país, va en aumento, mientras la Armada de México se muestra obsecuente y presurosa en cuanto a su participación en maniobras conjuntas con su contraparte estadunidense, con o sin el permiso del Senado, y el envío en aumento de sus oficiales para la capacitación especializada en ese país en contrainsurgencia y antiterrorismo.

Por cierto, el artículo 123 del Código Penal Federal tipifica genéricamente el delito de traición a la patria como “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero… o cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra”. Descripción muy semejante al colaboracionismo.