La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reiteró el no ejercicio de la acción penal en el caso de la muerte de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida en 2001, al concluir que se trató de un suicidio y no de un homicidio.

De esta manera, la dependencia concluyó la revisión del caso que en 2005 ordenó el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, que otorgó un amparo a los familiares de la activista, quienes denunciaron irregularidades en la investigación de la procuraduría, al considerar que hay elementos que demuestran que Digna Ochoa fue asesinada.

En un comunicado, la procuraduría señaló que para llegar a esta decisión se revisó exhaustivamente el expediente de casi 38 mil fojas y 83 anexos, así como estudios realizados por peritos internacionales nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros especialistas externos e independientes.