Desde la reforma de 1992, que crea el nuevo marco constitucional que regula las relaciones del Estado con las iglesias, en México sólo se ha cancelado el registro a una asociación religiosa por violar la ley en la materia, según Martín Íñiguez Ramos, investigador en movimientos religiosos de la Universidad Iberoamericana.

El investigador señala que si la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se aplicara de manera efectiva a la Iglesia católica, desde hace tiempo se le tendría que haber retirado los registros de algunas de sus derivaciones en el país, porque representantes del clero han emitido declaraciones que violan el Estado laico. Esto no ha ocurrido por cuestiones políticas de los gobiernos en turno.

El único caso de cancelación de registro ocurrió la semana pasada. La Secretaría de Gobernación aplicó la medida contra la Iglesia Cristiana Restaurada, por la participación de algunos de sus integrantes en presuntos delitos de tráfico de menores y delincuencia organizada en el albergue Casitas del Sur.

Íñiguez recordó que en los años 70 las autoridades migratorias expulsaron del país al Instituto Lingüístico de Verano tras una investigación realizada por jesuitas, quienes denunciaron que esa iglesia –con presencia en Chiapas y Tabasco– presuntamente practicaba una religión separatista, lo que ocasionó conflictos en comunidades indígenas, detalló.

En las modificaciones a Ley de Asociaciones Religiosas se contempla la sanción a las iglesias que se salgan de su objetivo religioso, como ocurrió, dijo, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en el que se negó el registro como asociación a una iglesia coreana, en cuyos estatutos fundacionales se establecían objetivos económicos.

Destacó que pese a la existencia de una ley de cultos, en el país el motivo verdadero para que proceda la cancelación de registro tiene que ver con cuestiones políticas. Un ejemplo, refierió, es el de las acusaciones de violación de menores cometidas por Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, congregación a la que si el gobierno quisiera aplicar la ley tendría que haberle retirado el registro.

Otro caso, precisó, es la falta de actuación de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y Migratorios en el caso del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien afirmó que maicearon a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por las declaraciones, vinculadas con el mismo tema, que realizó el sacerdote Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México.

Si se aplicara la ley tendrían que anularse el registro de la Arquidiócesis de Guadalajara. O emitirse al menos un extrañamiento por parte de la subsecretaría de Gobernación.