La Habana, 23 de enero. En un caso sin precedente en medio siglo, el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba aceptó escuchar una demanda de particulares contra un alto funcionario del gobierno, en este caso la ministra de Justicia, María Esther Reus, para lo cual se realizó una audiencia y el expediente quedó listo para sentencia.

Fuimos los primeros sorprendidos, dijo a La Jornada el principal quejoso, el abogado Wilfredo Vallín. Eso nunca ha pasado. He investigado mucho y no encuentro que en 52 años haya un solo caso de una demanda que viene de la sociedad civil contra un ministro.

Vallín, de 63 años, está recorriendo todas las vías legales para obtener el registro del grupo profesional que formó hace dos años, la Asociación Jurídica Cubana (AJC).

El fondo del asunto todavía no es el reconocimiento, sino un paso previo: la demanda de que el Ministerio de Justicia informe si existe legalmente un grupo con los fines y el nombre de la AJC. Esa constancia es requisito para pedir el registro, de acuerdo con la Ley de Asociaciones de 1985.

La audiencia se realizó a puerta cerrada el viernes último, en la Sala Administrativa del TSP y en nombre de la ministra estuvo la licenciada Marta Estela Suri Pereda. El Tribunal tiene 20 días hábiles para fallar.

Vallín aseguró que en la población cubana hay muy poco conocimiento de la legalidad vigente, por lo que su grupo intenta difundir las garantías ciudadanas y los dos pactos internacionales de derechos humanos firmados por el gobierno en 2008, que aún no ha ratificado el parlamento.

La AJC también asesora a particulares y ofrece cursos, pero no puede litigar, porque esta es una función reservada a los bufetes públicos. La ignorancia de la población sobre sus derechos propicia las transgresiones a la ley de parte de policías o autoridades, apuntó el abogado.

Indicó que su grupo cuenta con profesionales que están dentro y fuera del sistema judicial. La policía política ya impidió algunas de las actividades de la AJC, pero nunca me han dicho que esté violando la ley, contó Vallín. Simplemente me dicen que son órdenes superiores.

Después del triunfo de la revolución de 1959, aún adolescente, el abogado estuvo en las milicias. Luego se enroló en las fuerzas armadas, se hizo piloto aviador y estudió la especialidad en la Unión Soviética. Volvió a la vida civil como traductor de ruso, alemán e inglés y estudió la carrera de derecho en sistema abierto.

El grupo entró al laberinto burocrático el 7 de abril de 2009, pidiendo el informe de precedentes. Vencidos varios plazos legales sin respuesta oficial, los abogados acudieron a un tribunal provincial y así llegaron al TSP. Vallín relató que muchísima gente ha intentado registrar asociaciones, sin obtener respuesta oficial. Se desaniman y no siguen, porque entienden que el silencio es una negativa. Nuestro caso es distinto, porque conocemos la ley.