En los pasados tres años han sido asesinados más de 40 funcionarios municipales, entre alcaldes, regidores y secretarios de ayuntamiento, además de varias decenas de policías locales y federales, y militares, según señala un reporte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en esta crisis de inseguridad pública, más de 400 municipios –de los casi 2 mil 500 que tiene el país– carecen de policías, y 91.3 por ciento de las instituciones policiacas apenas ha adquirido armamento suficiente para dotar a 20 por ciento de sus más de 390 elementos.

El diputado Jaime Sánchez Vélez (PRI), integrante de esa comisión, presentó un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que coadyuve con las autoridades locales en donde se han perpetrado asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios de los ayuntamientos, con el propósito de encontrar a los responsables y que sean juzgados.

El punto de acuerdo llama al Ejecutivo federal a que de manera inmediata destine mayores recursos económicos y logísticos a las localidades que requieren atención urgente, por encontrarse en situación de riesgo de ingobernabilidad.

Precisó que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, en mil 29 municipios trabajan 15 agentes en cada uno. En términos generales, 88.5 por ciento de los municipios tienen menos de 100 policías. Además, muchos de los elementos que combaten a la delincuencia, en especial los municipales y estatales, lo hacen con recursos limitados y armas inapropiadas.

Agregó que alrededor de 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales en el país gana entre mil y 4 mil pesos al mes; 20 por ciento se ve en la necesidad de trabajar hasta por mil pesos de salario.

Ni la Federación ni los estados destinan los suficientes recursos a los municipios, cuyos alcaldes en muchas ocasiones han sido rebasados por los narcotraficantes, quienes construyen espacios públicos y hasta crean empleos indirectos en las comunidades.

Ante esta situación, muchos ediles o integrantes de cabildos se han visto forzados a aceptar las reglas de la delincuencia organizada o, en caso contrario, han sido objeto de atentados en su contra o de su familia, señaló el legislador.

Los asesinatos de alcaldes, agregó el priísta Sánchez Vélez, se registran en estados con problemas de disputa entre grupos delictivos, como Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y otros donde la presencia del narcotráfico se suma a la descomposición social, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca.