No hay garantías de que el derecho a la salud en México sea una prioridad para el Estado, concluyó el estudio La salud en México: una perspectiva de derechos humanos, realizado por Lucía Montiel, miembro del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamerican (Uia).

En entrevista, señaló que si bien algunas de las obligaciones del Estado en la materia se cumplen, aunque parcialmente, el porcentaje de inversión pública en salud es muy bajo, lo cual impide mejorar el acceso a servicios, impulsar la investigación y consolidar una cultura de prevención.

Asimismo, explicó que, de acuerdo con lo establecido por el derecho internacional en materia de derechos humanos, las obligaciones del Estado en el rubro derecho a la salud son proteger, garantizar y promover esa facultad.

Es decir, el Estado se compromete a que terceras personas no afecten el derecho a la salud del ciudadano y a fijar tanto los recursos como las políticas públicas y económicas para que el derecho a la salud se vea cumplido de manera efectiva, señaló.

Sobre el Seguro Popular, promovido ampliamente por las autoridades, la académica apuntó que enfatiza la división desigual y diferenciada por sectores de la población.

De manera indirecta, apunta el análisis, el carácter voluntario de este servicio, tomando en cuenta la capacidad económica de los usuarios, aglutinará a la población con menos recursos a acudir a este seguro, que comparte las carencias y dificultades que enfrenta el sistema de salud, mientras la población con posibilidades de pagar un seguro privado recurrirá a otras instituciones en busca de una mejor calidad en los servicios.

La especialista en derechos humanos puso en duda la efectividad del Seguro Popular, pues el gobierno está muy enfocado ahora, de manera política, a cubrir la accesibilidad y puede ser que en lo práctico lo logre, es decir, que las personas se registren, pero habrá que ver qué resultados tiene, si responde a las necesidades de la población, si garantizará el abasto de medicamentos.

El estudio, publicado en este mes, forma parte del Informe de la situación de derechos humanos en México, serie de cuadernos editados por la Uia.

El texto afirma que en México no existe una cultura efectiva de prevención de enfermedades. Fuera de los programas de inmunización, que ciertamente han sido exitosos, no existe una cultura en salud que se traduzca en evitar, en la medida de lo posible, la enfermedad (...) Esto es preocupante, porque no se trata de enfermedades que tomen por sorpresa a las autoridades de salud.