El diputado Juventino Castro y Castro (PRD) hizo un llamado para que los grupos parlamentarios dejen de parchar la actual Constitución y, en cambio, promuevan reformas integrales e incluso, si así lo decidiera el pueblo, convoquen a un nuevo Congreso Constituyente.

Al cumplirse un aniversario más de la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, el legislador alertó del estado crítico que guarda el país, especialmente en materia de economía, pobreza, migración, así como un alto grado de delincuencia organizada.

El diputado Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que frente al contexto anterior la Constitución no encuentra remedio.

Subrayó que es necesario incorporar más elementos propios de la democracia participativa como la revocación del mandato y consultas populares para determinar si la Carta Magna debe o no ser modificada.

No es justo que le pongan al pueblo unas disposiciones que él, como soberano, no ha aprobado, no ha ameritado, dijo.

–¿El país requiere una nueva Constitución?

–Para qué estamos parchando la Constitución; tengamos una nueva. Soy de la creencia que son los grandes movimientos populares los que hacen las constituciones y no los despachos.

El diputado, quien ha propuesto la creación de una Constitución para el Distrito Federal, dijo que el eventual caso de que el pueblo determinara tener una nueva ley fundamental habría qué obedecer ese mandato y no seguir las determinaciones de un grupo de intelectuales, doctrinarios o políticos.

La Corte, cómplice, acusan manifestantes

Por otra parte, organizaciones sindicales y campesinas exigieron a los ministros de la SCJN actuar con responsabilidad ante la sociedad para garantizar, en sus resoluciones, la aplicación estricta, imparcial y honesta de la ley.

Con motivo de la conmemoración de la Constitución de 1917, que selló el Pacto Social que puso fin al movimiento revolucionario de 1910, las organizaciones del Frente Social Nacional (FSN) y el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP) consideraron que con las reformas a la Carta Magna en 1992, inició una etapa en la que los derechos ciudadanos fueron cercenados.

Lo anterior, agregaron, propició el surgimiento de grupos de poder fáctico e informal que controlan importantes espacios de la vida pública, lo que ha provocado en la sociedad injusticia, inequidad, antidemocracia y corrupción.

Durante la manifestación realizada frente a la sede de la SCJN, denunciaron que a sus 94 años, la Constitución de 1917 se muere, los poderes del país la están matando y la Suprema Corte ha sido cómplice con sus múltiples resoluciones ilegales y antipopulares, que niegan derechos adquiridos.

Reformas lesivas

Ante decenas de campesinos, trabajadores e integrantes de agrupaciones sociales, dieron lectura al documento que entregaron a la Corte y en el que piden a los ministros tomar en cuenta en sus resoluciones que en las más de 500 reformas aplicadas a la Constitución los derechos sociales y laborales han sido los más afectados, debido a que el Estado, por conducto de sus gobiernos neoliberales, ha privatizado la economía, abandonó al campo y canceló la reforma agraria.

En materia energética abrió las puertas al capital extranjero mediante autorizaciones y contratos de servicios múltiples. De igual forma, desmanteló la seguridad social, insistiendo hoy en consolidar reformas en materia fiscal y laboral, lesivas a la economía popular y a la pequeña y mediana empresa, destacaron.