La Secretaría de Hacienda manifestó a diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que si los estados con una emergencia por un desastre natural buscan recursos para la reconstrucción, los gobiernos locales deberían solicitar un crédito a 20 años con Banobras y pagar los respectivos intereses.

Ayer, en una reunión en la oficina del diputado priísta Baltazar Hinojosa, el subsecretario de Egresos de Hacienda, Carlos Montaño Fernández, aclaró que los 55 mil millones de pesos que el tricolor negoció para integrar un fondo nacional de reconstrucción no estarán disponibles de inmediato, sino que los manejará el banco en un fideicomiso.

En octubre, a cambio de que el PRI no bajara de 16 a 15 por ciento la tasa del impuesto al valor agregado –como acordó en su plenaria de Ixtapan de la Sal–, el gobierno federal aceptó constituir dicho fondo, pero ayer los legisladores se dieron cuenta que el gobierno federal hará lo necesario para no liberar los recursos.

Con las reglas de operación y al condicionar la entrega de recursos a la contratación de un crédito, que debe pasar antes por la aprobación de los congresos de los estados, Hacienda dio la vuelta a lo que autorizamos en la Cámara, de atender las emergencias e iniciar la reconstrucción de manera expedita, cuestionó el diputado priísta Humberto Lepe Lepe.

Un día después de que en la plenaria priísta el veracruzano Juan Callejas afirmó que el gobierno federal nos dio atole con el dedo, Montaño Fernández reviró a los legisladores que ayer mismo Hacienda presentó a los secretarios de Finanzas de los estados las condiciones para acceder al fideicomiso y estuvieron de acuerdo.

No obstante, Humberto Lepe resaltó que si las condiciones satisfacen a los titulares de finanzas estatales, esto viola el espíritu de la votación y los propósitos que animaron al PRI a proponer el fondo de reconstrucción, en el sentido de que los fondos para atender desastres no se liberan con rapidez por obstáculos burocráticos.

El legislador por Baja California lamentó que al enviar el presupuesto acordado con el gobierno federal a un fidecomiso se cae en el mismo vicio que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y se impone una serie de requisitos y líneas de operación que lo harán inviable ante las emergencias.

Además, resaltó, al obligar a los gobernadores a contratar un crédito, deberán solicitar autorización a sus respectivos congresos. El riesgo es que los gobernadores con congresos de mayoría opositora se enfrentarán, además del desastre, a un rechazo a endeudar a los estados, cuando la mayoría ya enfrentan obligaciones que comprometen sus finanzas por varios años, declaró.

El subsecretario de Egresos explicó a los diputados que en caso de un desastre, los daños causados a infraestructura federal serán reconstruidos por la Federación, pero a la estatal y municipal serán obligación de los gobiernos locales.