La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente para determinar la probable violación a las garantías individuales de los menores de edad en México si la Secretaría de Gobernación aplica la cédula de identidad.

El presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero (PVEM), presentó el miércoles una queja ante la CNDH y le solicitó aplicar medidas cautelares para que se suspenda la aplicación del programa.

En su petición, dirigida al ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, el legislador del Partido Verde resaltó que la intención es evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos de 25.7 millones de niños y niñas en todo el país.

Refirió en entrevista que ayer mismo entregó un texto complementario a su queja y prepara una controversia constitucional, la cual buscará que sea respaldada por la bancada del PRI, en contra del decreto del Ejecutivo que contiene los detalles de la toma de datos biométricos a menores de edad y adultos para incluirlos en la base de datos de la cédula.

He presentado la queja, pues de seguir adelante este programa se cometerían violaciones irreparables a los derechos de la infancia en México, como el derecho a la privacidad, al resguardo de su información y a la corrección de datos. Pero lo más grave es que se les quiere someter a la toma de sus huellas dactilares y del registro de sus iris, señaló.

Escudero informó que la CNDH inició de inmediato la investigación y pidió a Gobernación una serie de documentos relacionados con el programa de la cédula de identidad.

Planteó que ante el rechazo de la secretaría para atender el exhorto de la Cámara de Diputados de no continuar con el registro de los datos biométricos de menores, el PVEM y otros grupos parlamentarios optaron por controvertir el decreto presidencial por la vía jurídica.

Mientras, diputados del PAN presentaron a familiares de menores desaparecidos de Casitas del Sur para sostener que sí es necesario contar con una identificación que, desde su perspectiva, eliminará el secuestro de menores de edad en el país.

Agustín Castilla Marroquín, secretario de la comisión especial contra la trata de personas, sostuvo que las actas de nacimiento en el país son falsificables, pero que aun así no hay señalamientos respecto de que la información de esos documentos haya sido sustraída, comercializada o en el mercado negro.

Sostuvo que según investigaciones periodísticas serias, en los seis años recientes 500 mil niños y niñas han desaparecido del país. En tanto no exista un instrumento con altas medidas de seguridad que lo hagan infalsificable, seguirán siendo víctimas de sustracción ilegal, que luego deriva en adopción ilegal o explotación sexual infantil.