Ante las múltiples pruebas documentadas de las irregularidades cometidas por Sempra Energy –en connivencia con autoridades estatales y federales– para instalar y operar la regasificadora de gas licuado en Ensenada, Baja California, la trasnacional recurrió a la última opción legal que impida el cierre de la planta.

La semana pasada la presidencia municipal del puerto, por conducto de su secretaría de administración urbana, emitió un dictamen técnico y jurídico que engloba las múltiples violaciones a la ley local, que van desde el manifiesto de impacto ambiental y los permisos de factibilidad hasta la licencia de construcción.

Tal evidencia llevó al apoderado legal de la empresa trasnacional y sobrino del ex gobernador Eugenio Elorduy Walther, Jorge Eduardo de Hoyos Walther –promotor y firmante del desplegado de la Coparmex donde se acusa que existe una campaña mediática contra Sempra–, a solicitar al juzgado décimo de distrito un amparo indirecto contra el cierre de la planta regasificadora.

A la fecha, la autoridad municipal ha determinado que sí hay elementos probatorios suficientes para demostrar que Sempra ha violado todos los ordenamientos de uso de suelo, hacendarios y de protección a las poblaciones aledañas y al ecosistema de la región con la citada planta regasificadora.

La reacción del corporativo se suscitó al darse a conocer en las páginas de esta diario el cúmulo de violaciones legales que se han conformado en torno a la instalación y operación de la regasificadora. Tal información –que se ha documentado con amplitud– ahora es calificada de campaña mediática orquestada por grupos políticos contra una empresa que ha invertido millones de dólares en México.

No obstante, Sempra ha incurrido en ilegalidades notables, como la elemental integración de una zona de amortiguamiento que garantice la integridad de las poblaciones aledañas y del entorno ecológico.

Además, la autorización concedida por el gobierno municipal de Ensenada a la empresa se sustentó en violaciones como las que se describen:

A mediados de 2002, el alcalde panista Jorge Antonio Catalán Sosa pasó por alto la participación que debió tener el cabildo municipal en la elaboración de una opinión técnica que determinara si la solicitud de la trasnacional para instalar la planta respondía a la normativa mínima de seguridad para la población y la preservación ecológica. Otorgó los permisos de factibilidad y de uso de suelo, e ignoró al resto de los funcionarios de la municipalidad, como se observa en el oficio PM/154/2002, del 12 de julio de 2002, y en evidente violación de los preceptos urbanos y ambientales del estado de Baja California.

Las irregularidades fueron sistemáticas, como sucedió con el reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Ensenada. El alcalde panista Catalán Sosa se asumió como la única autoridad, relegando al cabildo. Así, el 12 de agosto de 2003 expidió el dictamen de uso de suelo que beneficiaba a Sempra Energy.

Se hallaron dos licencias de construcción: la primera fue la concedida a Energía Costa Azul con número de oficio D/259/04 del 27 de octubre de 2004, y licencia de construcción 1768, del 26 de octubre de 2004. En relación con los permisos de operación y los de factibilidad para operar la terminal de gas natural licuado Energía Costa Azul no se encontró ninguno en los archivos de la actual administración municipal.

A su vez, el proceso carece de identificación de impactos ambientales causados por el desarrollo o actividad durante las etapas del proyecto, así como de las medidas de prevención o mitigación de los impactos de la obra o actividad que se provocarían en cada una de las etapas del desarrollo del proyecto. La gasera no ha cambiado de posición sus tanques de almacenamiento y pretende instalar dos más.