A cuatro meses de haber recibido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, el gobierno del país sigue sin cumplir tal disposición, y ha mandado señales muy claras de que no tiene la menor intención de hacerlo.

Así lo denunciaron más de 90 organizaciones, activistas, intelectuales y artistas de 23 países –incluidas cinco mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz–, mediante una carta que fue leída ayer por los actores Ofelia Medina y Daniel Giménez Cacho.

En conferencia de prensa, integrantes de diversas organizaciones civiles afirmaron que las autoridades han dado muestras constantes de su falta de voluntad para cumplir los fallos de la CIDH, entre ellas el hecho de que la investigación del caso aún continúa en manos de la justicia militar, lo que pone a los uniformados en el papel de juez y parte.

Además, la Secretaría de Gobernación (SG) se ha negado a iniciar las mesas de diálogo, e incluso presentó una solicitud de interpretación del fallo, lo cual deja en evidencia que descalifica los señalamientos de ambas mujeres, señaló el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera.

Felipe Zamora Castro, subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos (de la SG), acordó el 8 de enero pasado que íbamos a instalar mesas de trabajo para cumplir con la sentencia, pero canceló un día antes, y tuvo un actitud de desdén hacia nosotros, lamentó.

El subterfugio legal de pedir una solicitud de interpretación, por otro lado, demuestra que el Estado cuestiona de fondo lo dicho por el organismo interamericano, y lo deja en un estado de indefinición que sirve para encubrir actos delictivos del Ejército.

De su lado, Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), denunció que los miembros del colectivo, incluidas las propias Inés Fernández y Valentina Rosendo, han seguido recibiendo amenazas graves contra su seguridad.

Vivimos escondidos casi todo el tiempo, porque todavía estamos en riesgo de que nos maten. Lo que más les molesta (al Ejército) es la orden de modificar el fuero militar, y quieren acabar con el problemas de Inés y Valentina con dinero, pero este no es un asunto monetario, sino de dignidad, sostuvo.

A pesar de todo lo anterior, apuntó Ramírez, la movilización social y la denuncia pública son las únicas herramientas que pueden obligar a las autoridades a reconocer, tarde o temprano, su responsabilidad en el acatamiento de la sentencia de Inés y Valentina, pero también de casos como los de Rosendo Radilla, el campo algodonero y los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.