En conferencia de prensa, los diputados locales del PRD Valentina Batres, Víctor Varela y Alejandro López Villanueva presentaron una iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, con la que se busca corregir un artículo que los mismos legisladores votaron en diciembre pasado.

A propuesta del priísta Octavio West, se aceptó meter en la referida ley el artículo artículo 29 bis, que prohíbe a los jefes delegacionales utilizar más de 2 por ciento de su presupuesto para programas sociales en sus respectivas demarcaciones, lo cual generó mucha inconformidad de estos funcionarios y obligó a que los diputados tuvieran que recular en esa aprobación.

Batres y Varela expresaron que con ese tope presupuestal se amarra las manos a las autoridades delegacionales, pues ya tenían delineados sus programas para este 2011, además de que constreñirse a ese 2 por ciento implicaría dejar de invertir en la gente más de 424 millones de pesos y afectar el alcance de 257 programas sociales que se tienen a nivel de las 16 delegaciones políticas, según detalló Alejandro López Villanueva.

De hecho, el perredista José Luis Muños Soria presentó en semanas recientes una reforma a ese artículo 29 bis para que en lugar de limitar a 2 por ciento se incremente a 10 por ciento, pero ayer sus tres compañeros de bancada fueron más allá y en su iniciativa de modificación a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente piden la derogación total de dicho artículo.

Rechazo a privatización del alumbrado público

En otro tema, diputados locales se pronunciaron contra la propuesta que les hizo llegar el gobierno capitalino para ceder a la iniciativa privada la rehabilitación, modernización y operación del alumbrado público, así como la renovación de los señalamientos en vialidades primarias.

Claudia Elena Águila, integrante de la fracción mayoritaria dl PRD, manifestó: estoy totalmente en contra; esas tareas son responsabilidad del gobierno de la ciudad. Es una medida equivocada y me suena a negocio y eso no lo debemos aprobar.

Mientras, Valentina Batres opinó que las autoridades capitalinas tendría que demostrar que cuesta más barato hacerlo con la intervención de la iniciativa privada a que lo haga la propia estructura de gobierno, y tendría que estar entre la lista de prioridades que haya marcado la sociedad y que deban resolverse a corto plazo.