Las autoridades capitalinas tienen la obligación de informar a la población qué “efecto tendrá la consulta a realizarse el próximo mes en torno de la supervía poniente; es decir, si su construcción continúa y ‘va porque va’, como han dicho con anterioridad”, señaló el presidente del PRD-DF, Manuel Oropeza, quien advirtió sobre el riesgo de que se polarice la situación.

En tanto, vecinos de la colonia La Malinche, en Magdalena Contreras, señalaron que la respuesta del Gobierno del Distrito Federal (GDF) a la recomendación 1/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deja en claro que la administración de Marcelo Ebrard no aceptó el análisis jurídico, pues hizo caso omiso de la base principal, que es suspender la obra para realizar una consulta y con ello acreditar el interés público.

En la inauguración de la segunda feria Cogiendo educación sexual, en la glorieta de Insurgentes, el dirigente perredista consideró que la respuesta del gobierno capitalino a la citada recomendación “no satisfizo ni a los propios integrantes del frente contra la supervía”.

Sin embargo, qué bueno, que ya se sensibilizó de que debe consultar a la gente en temas de alto impacto y polémicos, pero su respuesta no va a solucionar el problema de fondo, porque no se suspende la obra, que era el espíritu de la recomendación. Debe decirnos si está dispuesto a modificar o cancelar la obra a partir de la consulta. Eso tendría otra implicación, argumentó.

Mencionó que el Frente Amplió contra la Supervía mantendrá su oposición y hará lo que tenga que hacer, en un marco pacífico y en el ejercicio pleno de sus derechos, aunque existe el riesgo de que se polarice la situación. Espero que haya prudencia del gobierno y de los vecinos, pues a nadie conviene que este conflicto escale a otros niveles.

Ayer también, pero en la colonia La Malinche, en la asamblea para explicar la respuesta de la administración de Marcelo Ebrard, se informó que la negativa de la autoridad es una insistencia en continuar con la violación de los derechos humanos.

Luis Fernando García, integrante de Litiga OLE, organización que representa legalmente a los vecinos en uno de los recursos legales interpuestos, expuso las violaciones del título de concesión y de la resolución de la manifestación de impacto ambiental que, dijo, tiran el argumento presentado por el mismo gobierno para no suspender la obra, pues la certeza jurídica que quieren sustentar está violada y olvidada por la misma autoridad en los referidos documentos.

Por otra parte, vecinos que se han manifestado en favor de la supervía poniente celebraron la respuesta del GDF de no suspender la obra y respaldaron a la autoridad. Los dos vecinos que se han pronunciado por el proyecto esta vez estuvieron acompañados por su representante legal, Juan Javier Torres Landa, también secretario del consejo México Unido Contra la Delincuencia, quien señaló que seguirán por la vía institucional para que se desarrolle este proyecto.