Ensenada BC, 13 de febrero. Mientras el Ejército Mexicano aún resguarda las instalaciones de la planta regasificadora de Sempra Energy, investigadores, organizaciones sociales y de colonos de este puerto advirtieron de los riesgos socio-ecológicos que se ciernen sobre la población y el entorno ecológico de la zona si la planta regasificadora de gas licuado natural de es trasnacional continúa operando de la forma en que lo hace.

Ante los militares que vigilan la regasificadora, clausurada temporalmente por el ayuntamiento de Ensenada, decenas de personas se manifestaron contra la empresa en el acceso de la planta. Mujeres y niños mostraban a los soldados cartulinas con los siguientes mensajes: El uso de suelo pertenece al ayuntamiento; luchamos por los ecosistemas marinos y terrestres de nuestra región; los ciudadanos estamos en contra de daños irreparables a los ecosistemas.

Horacio de la Cueva, doctor en biología experimental aplicada del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), recordó que la entrada de Sempra Energy a Baja California ocurrió mientras los habitantes de este municipio buscaban aliados en Estados Unidos para impedirlo.

“Tan sólo 80 por ciento de la pesca de alto nivel en el país se hace en Baja California, y precisamente el ordenamiento ecológico (Programa Regional del Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, conocido como Cocotren) tiene por objeto proteger esa actividad económica que se concentra en los pescadores rurales que así tienen empleo y forma de llevar sustento a sus familias. Pero las autoridades se deslumbraron cuando llegó Sempra prometiendo una inversión de 50 millones de dólares, y paradójicamente sólo genera 30 empleos; es ilógico.

“Además –agrega– contamina con Co_². Le está echando clarasol al agua, como si le estuviéramos echando toneladas de pesticida al campo agrícola; está clorando al atún aleta amarilla que se produce en la zona. ¡No hay nadie que esté midiendo los efectos de esto!”

La doctora Claudia Leyva, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, también advierte de la violación al Cocotren, sobre todo porque se implica al club turístico Bajamar, que es la población más cercana.

Los propietarios de Bajamar presentaron amparos, ya que en la zona se descarta actividad industrial. Lo que resulta inapropiado es que cuando se revisa el ordenamiento ecológico en los mapas se evalúan por lo menos 100 variables donde se hace una descripción completa, en los cuales se advierte de la erosión que se observa en la región y sobre todo los movimientos telúricos. ¡Sempra construyó la regasificadora sobre un área de fallas tectónicas!

En la única zona mediterránea que posee México (localizada entre Ensenada y Tijuana), los científicos han encontrado alto impacto ecológico, que el Cocotren protege. Desde 1995 esta zona fue considerada de uso de conservación para que se diera un bajo impacto.

–Diversas voces destacan el riesgo por la operación de la planta –se le planteó al doctor De la Cueva.

–El trasvaso que se realiza en la planta es altamente inflamable; si el gas se escapa puede haber un gran incendio. Yo no sé qué tan buenos son los sistemas de detección de fugas en Sempra. Además la empresa aprovechó los derechos de vía en caminos vecinales que se encuentran en una zona sísmica para tender su tubería de Ensenada a Mexicali. El riesgo es que se pudiera registrar un gran incendio en la planta, pero no explota.

Ahora sólo falta que vengan a poner una fundidora, y nosotros pensamos que se planea una cosa así, y eso sí va a implicar que en Ensenada se pierda calidad de vida.

–¿Esto abre la posibilidad de industrializar la región? –se preguntó a la doctora Leyva.

–El problema es que construyen una planta de gas sobre la falla tectónica de Agua Blanca. Al poner Sempra una regasificadora se cambia de facto el uso de suelo, por encima del ordenamiento del Cocotren, que es la norma a nivel estatal, y de las leyes del municipio. Y por eso viene Z Gas y dice: si vino Sempra y se instaló en una zona de resguardo ecológico, ¿por qué nosotros no? Precisamente la conservación es una oportunidad y no una limitante.

También en Ensenada un conjunto de ciudadanos y organizaciones sociales se pronunciaron por respaldar la decisión del presidente municipal, Enrique Pelayo, de clausurar la gasera.

Este domingo, en la oficina del alcalde trascendió que los despachos de cabildeo que sirven a Sempra han emprendido una campaña de linchamiento en diversos medios de comunicación de la ciudad de México contra el priísta, a quien se imputan infamias y calumnias; se le acusa de ser el Hugo Chávez de Ensenada, entre otras cosas.

El respaldo de un sector de Ensenada a Pelayo también contiene una ácida critica a la trasnacional y las autoridades estatales y federales: “un argumento que se nos ha vendido es la alta inversión que realizó Sempra Energy y los beneficios que significan de manera directa para nosotros los ciudadanos de Ensenada, y de manera indirecta los del estado, cuando sabemos que el propósito para el cual fue construida es para el abastecimiento de energía a California, Estados Unidos, y empresas mexicanas, según declaraciones de funcionarios estatales. El asunto es que sólo se generan 50 empleos directos y no existe una derrama económica en términos de impuestos que venga a beneficiarnos como municipio.

“La impunidad, la corrupción y la simulación han sido obstáculo para el desarrollo del país a lo largo de la historia. Esta distorsión deriva la mayor de las veces en un ejercicio discrecional del poder y desconfianza respecto de las instituciones de gobierno y a la actuación de las autoridades. Nos preocupa la violación a la autonomía de nuestro municipio por las autoridades federales y del estado, al sostener con impunidad a un transgresor de la ley, como es Sempra Energy.

Demandamos al Ejecutivo estatal el cese inmediato de Cuauhtémoc Cardona Benavides, secretario general de Gobierno, debido a que este funcionario violentó el estado de derecho y la autonomía municipal al hacer uso ilegal de atribuciones interviniendo en el procedimiento de clausura, rompiendo los sellos respectivos colocados horas antes por funcionarios municipales en la terminal de Sempra, y llevando bajo su mando a elementos del Ejército y la Marina, así como policías estatales y federales, pasando por encima de lo que establece el marco jurídico, que faculta sólo al ayuntamiento a llevar a cabo dicha diligencia de clausura, concluyó.