Pemex Exploración y Producción (PEP), el organismo subsidiario más importante de Petróleos Mexicanos (Pemex), realizó un pago indebido por 687 millones 493 mil pesos para el mantenimiento de ductos del sistema 1, que se ubican en el Golfo de México y los estados de Tabasco y Campeche.

PEP no contó con personal que se encargara de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de transporte de hidrocarburos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la revisión de la cuenta pública de 2009 se comprobó, además, que durante 75 días, entre el 6 de mayo y el 20 de julio de 2009, la compañía contratista no realizó actividades. Lo mismo ocurrió en las Bitácoras de la Terminal Marítima de Dos Bocas y Cayo Arcas y Rebombeo, donde no se asentaron registros por 90 días, del 6 de mayo al 4 de agosto de 2009, y 91 días del 6 de mayo al 5 de agosto del mismo año, respectivamente.

Los resultados de la auditoría destacan que la residencia de obra autorizó indebidamente el pago de las 21 estimaciones por 687 millones 493 mil 300 pesos, sin que se contara con la documentación comprobatoria de la realización de las obras. Las órdenes de trabajo carecieron de evidencia fotográfica antes, durante y después de la realización de los mismos.

El dictamen, considerado como negativo, identificó la ausencia de registros en la bitácora de las actividades consignadas en las órdenes de trabajo, por lo que ambos documentos no guardan congruencia. Adicionalmente, PEP no proporcionó los registros de entrada y salida de las instalaciones que se atendieron, por lo que no se cuenta con evidencia del ingreso del personal de la empresa contratista a dichos inmuebles en las fechas que se reportan las órdenes de trabajo.

El 11 de marzo de 2009 Pemex anunció el fallo para la contratación para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto de PEP, Sistema 1. La empresa ganadora DMGP está integrada mayoritariamente por capital mexicano, por dos empresas nacionales Grupo Diavaz (51 por ciento) y Mexssub (47 por ciento); una empresa estadunidense, Grey Star y una inglesa Penspen Group (uno por ciento cada una).

La contratación fue para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en mil 466 kilómetros de ductos en el Golfo de México, Tabasco y Campeche. El monto del contrato es de mil 304 millones 493 mil 300 dólares, por un plazo de 10 años.

La revisión de la ASF descubrió que durante el ejercicio 2009 el consorcio contratista incurrió en una causal de rescisión de contrato ya que durante cuatro meses consecutivos (agosto, septiembre, octubre y noviembre) incumplió en al menos uno de los indicadores clave de desempeño (ICD). Por esta razón PEP penalizó dichas estimaciones por una cantidad de 13 millones 968 mil 900 pesos, sin embargo, independientemente de esta medida de apremio la residencia de obra no apercibió oportunamente al contratista respecto de los incumplimientos mediante anotaciones en la bitácora de obra, ni tampoco implementó medidas preventivas para evitarlos.

El consorcio tampoco cumplió con las metas del programa anual de trabajo, por lo que PEP determinó penalizar a la empresa por 2 millones 470 mil 200 pesos. Sin embargo, dichas sanciones no se dedujeron en el importe de las facturas respectivas.

Por su parte, PEP formalizó indebidamente el contrato con la empresa ganadora de la licitación pública internacional , ya que no contó con la solicitud o la autorización presupuestaria emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la celebración de contratos multianuales. PEP no realizó las evaluaciones técnica y económica de la propuesta del único consorcio participante.

También se detectó que el consorcio ganador incumplió con la entrega de la información que de acuerdo con las bases de licitación debió incluirse en la propuesta técnica, como fueron la calificación crediticia donde se acreditó la solvencia de la propuesta, debiendo ser expedida por una empresa calificadora de valores registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La empresa ganadora de la licitación y una de las sociedades que la conforman, y que posee 98 por ciento de las acciones (Grupo Diavaz y Mexssub), se constituyó 13 días antes de la recepción de propuestas y el capital contable de la empresa ganadora era de 50 mil pesos, por lo que la capacidad financiera requerida en las bases de licitación la acreditó por medio de los estados financieros de las filiales de uno de sus socios, por lo que no podrían ser consideradas como filiales sino como sociedades controladoras, con lo cual se incumplió con los requisitos establecidos en las bases, concluyó la ASF.