e acuerdo con una investigación de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, en los primeros tres años de la actual administración el país ha perdido 51 mil millones de dólares debido a las ventas de crudo a trasnacionales a precios inferiores a los fijados por el Legislativo y por las ventas de gasolina, a precios internacionales, a esas mismas corporaciones, en particular a Shell, con la que Pemex mantiene una asociación para refinar el hidrocarburo.

De acuerdo con el documento de la UEC, si bien en 2007 el precio promedio de la mezcla mexicana era de 61.6 dólares por barril, la paraestatal la vendió a la refinería Derr Park a 20 dólares; sin embargo, no obtuvo ningún precio preferencial para la gasolina, que fue adquirida por la parte mexicana a 74 dólares por barril.

Según el informe, el incremento de la importación de gasolinas no sólo ha causado pérdidas multimillonarias a Pemex –y, simétricamente, ganancias estratosféricas a las multinacionales que negocian con la paraestatal–, sino también ha afectado su rentabilidad operativa.

Con los recursos perdidos, indica el documento, habrían podido construirse en México seis refinerías como la que prometió el gobierno calderonista en octubre de 2008, hace ya dos años y medio.

Es pertinente recordar que el anuncio respectivo provocó enconos y rivalidades entre los gobiernos estatales que pretendían beneficiarse con la obra, pero no tuvo ninguna consecuencia práctica: hace poco menos de un año, el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, anunció que estaba todo listo para comenzar la que se llamaría refinería Bicentenario, y anunció incluso la conformación de una partida presupuestal por cinco mil millones de pesos para arrancar el proyecto. Lo último que se ha sabido de él, sin embargo, fue la declaración formulada por Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, quien informó que la licitación para la edificación de la refinería podría realizarse en el primer trimestre de 2012.

Incluso si no hubiese habido ventas de crudo a empresas extranjeras a menos de un tercio de su valor de mercado, es mucho más barato producir gasolina en territorio mexicano que comprarla al extranjero, como indica el documento de la Cámara de Diputados: 5.08 pesos frente a 8.15.

Con estas cifras en mente, resulta incomprensible y exasperante que la administración federal prosiga con el negocio ruinoso de vender petróleo crudo para luego adquirir productos refinados. Ello no sólo atenta contra las finanzas de Pemex, sino constituye un grave lastre para el conjunto de la economía nacional.

En efecto, con el argumento de los altos precios internacionales de la gasolina, el gobierno federal impuso desde hace años un esquema de incrementos mensuales al combustible, lo que provoca aumentos de precios en el transporte y de ahí, en cascada, al resto de los productos y servicios, con consecuencias particularmente lesivas en los alimentos que conforman la canasta básica.

No hay razón que valga para el empecinamiento en la práctica señalada ni para seguir retrasando una obra de infraestructura que es vital para la mejoría de las finanzas públicas, para la economía nacional en su conjunto y para la soberanía del país.