diecisiete años del levantamiento armado de Chiapas y 11 de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, la situación de los pueblos indígenas en todo el país es peor que nunca. Literalmente hay una guerra de despojo contra sus tierras y territorios.

En todo México viven bajo acoso. Las grandes compañías mineras, muchas de ellas canadienses, ocupan sus territorios sagrados, contaminan sus aguas y erosionan sus tierras. El gobierno se empeña en construir grandes presas que vuelven fantasmas sus campos de cultivo y ahogan sus pueblos y sus muertos. Los talabosques saquean su madera.

La precariedad económica los ha hecho migrar más que nunca. En los grandes campos hortícolas del noreste trabajan como esclavos y se envenenan con el uso de agroquímicos. En playas y zonas turísticas, las grandes compañías hoteleras tratan de expulsarlos de sus tierras.

Sus dirigentes son hostigados, encarcelados y asesinados. Más de 8 mil indígenas están en las cárceles del país, en su mayoría por desconocer la ley, no contar con un traductor, no tener abogado o carecer de dinero para fianza. En el estado de México, el más poblado del país, existen solamente 10 intérpretes de lenguas indígenas.

Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, las campañas de despistolización o la guerrilla, muchos territorios indígenas están militarizados. Son frecuentes los abusos de la tropa contra la población civil.

El nombramiento de sus autoridades municipales no es respetado y sus lenguas son ignoradas. En todos lados padecen discriminación. Su derecho es desconocido y sus derechos pisoteados. Se les sentencia con criterios inequívocamente racistas.

En 2007, la Organización de Estados Americanos (OEA) divulgó en Washington un reporte que señala que los indígenas sujetos a juicio penal se encuentran normalmente desamparados en medio de un proceso que no entienden porque no hablan español y no cuentan con intérprete. La detención arbitraria es bastante común, así como los excesivos plazos de duración de la prisión preventiva y en general de los juicios. El maltrato y la tortura son también una práctica común para obtener una confesión.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las quejas más frecuentes de los indígenas sujetos a proceso judicial son maltrato en la detención, detenciones arbitrarias sin orden judicial, introducción en sus domicilios sin orden de cateo, fabricación de pruebas, defensa deficiente e inadecuada, falta de intérprete y dilación.

Por si todo esto fuera poco, en los últimos años se ha intensificado sobre ellos una doble presión. De un lado, la del narcotráfico, que quiere usar su territorio como lugar para producir amapola y mariguana, o como ruta de paso. Del otro, la criminalización de sus protestas por parte del Estado. En multitud de casos se ha judicializado sus denuncia, su resistencia, el ejercicio de su libertad de expresión y su movilización, mandando a prisión por largo tiempo a presuntos responsables, sin pruebas. Usualmente se les acusa de ataques a las vías de comunicación, privación ilegal de la libertad (secuestro) y delitos ambientales. La represión está concentrada en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Entre otros muchos casos, destacan dos por el nivel de arbitrariedad gubernamental y por el sesgo marcadamente político que en ellos tiene la represión.

El pasado 2 de febrero, en el ejido de San Sebastián Bachajón, en la zona de Agua Azul, en el estado de Chiapas, fueron detenidos 117 indígenas pertenecientes a la otra campaña. Nueve de ellos permanecen detenidos como presos políticos. Apenas el pasado 4 de marzo, uno de los presos salió libre por desistimiento de pruebas. El conflicto fue provocado por Noé Castañón, secretario general de Gobierno. Las autoridades rompieron un proceso de diálogo y arreglo comunitario en marcha desde 2010.

El 27 de septiembre de 2010, en un proceso amañado, el juzgado mixto de primera instancia, con sede en Ometepec, Guerrero, condenó a tres años y dos meses de cárcel a los indígenas Silverio Matías, Genaro Cruz y David Valtierra. Los acusan falsamente del delito de privación de la libertad contra Narciso García, un invasor y vendedor de tierras de uso común del ejido. Las víctimas son fundadores del municipio autónomo de Suljaa’. Sus integrantes han puesto a funcionar la Radio Ñomndaa-La Palabra del Agua, acosada por el gobierno.

Los indígenas viven en una situación de pobreza estructural que se profundiza día con día. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 75.7 por ciento de la población indígena en México vive en pobreza multidimensional. Treinta y nueve por ciento del total de esa población está en pobreza multidimensional extrema.

Según el Coneval (hay quienes critican sus mediciones por ser muy conservadoras) los habitantes en pobreza multidimensional son quienes presentan al menos una carencia social y no tienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. En pobreza extrema se ubica a quienes no les alcanza para comer.

Las cifras son dramáticas. Casi la mitad de indígenas tienen rezago educativo; 52.2 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; 85.5 por ciento no cuenta con seguridad social; 50.3 por ciento carece de una vivienda con suficiente espacio o calidad; 42.1 por ciento pasa hambre.

Ni el gobierno federal ni los estatales están interesados en mejorar esta situación. Las autoridades estatales utilizan como caja chica los recursos destinados a los indígenas. A pesar de ello, los pueblos indios luchan y resisten. Son ellos los que tienen la última palabra sobre su situación.