La juez federal Blanca Lobo Domínguez precisó ayer que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación (SG) sí tiene facultades legales para suspender la exhibición de películas por orden judicial.

En respuesta a la solicitud de la SG de aclarar los alcances de la suspensión concedida la semana pasada, la impartidora de justicia precisó que esa instancia debe detener la distribución, exhibición, comercialización y programación del documental Presunto culpable hasta que se resuelva el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Reyes Bravo, uno de los testigos de cargo que aparecen en el largometraje.

Este martes, a las 10 horas, Blanca Lobo efectuará la audiencia de vista en el juzgado 12 de distrito en materia administrativa para resolver si concede la suspensión definitiva. Es muy probable que esta semana la juez emita su nueva decisión.

También se espera que en el transcurso de esta semana (probablemente mañana) un tribunal colegiado, superior jerárquico de la juez Lobo, determine si fue correcta la resolución provisional de ésta.

En su aclaración de ayer, Blanca Lobo, juez decimosegunda de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, aclaró que la suspensión provisional otorgada la semana pasada implica que la SG, en su carácter de autoridad responsable, debe girar las instrucciones necesarias con el fin de que se suspenda provisionalmente la proyección, distribución y comercialización del documental, informó ayer en una tarjeta informativa el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La juez también envió a un tribunal colegiado de circuito los recursos de queja promovidos por los productores del documental, la cadena Cinépolis y el Centro de Investigación y Docencia Económicas para impugnar la suspensión provisional.

Sala en Paseo de la Reforma luego de que la cinta de Roberto Hernández y Geoffrey Smith fue retirada de la carteleraFoto Jesús Villaseca

Lobo Domínguez rechazó el pasado jueves, mediante una tarjeta informativa, haber censurado Presunto culpable. Indicó que Víctor Manuel Reyes, quien promovió el amparo, alega ser objeto de desprestigio, vejaciones, humillaciones, burlas y amenazas desde que el documental fue estrenado.

Expuso que, ante la petición de amparo, “decidimos en este juzgado conceder la suspensión provisional de la exhibición de la película. Mantener la exhibición de la película podría significar la perpetuación del daño causado a los derechos del quejoso. Esto último, en aplicación estricta de las normas establecidas en la Ley de Amparo.

La suspensión provisional no termina el asunto. La película no ha sido censurada. La decisión judicial está encaminada a proteger los derechos fundamentales del quejoso en lo que se decide, en el marco de las disposiciones que existen para defender los derechos de todos, cuál de los derechos enfrentados debe prevalecer, indicó la juez.

Víctor Manuel Reyes es primo de Juan Carlos Reyes, el joven asesinado el 11 de diciembre de 2005 en Iztapalapa. El homicidio fue atribuido a José Antonio Zúñiga, protagonista del documental, premiado en 15 festivales de cine internacionales.

El testimonio de Víctor Reyes mantuvo más de dos años a Zúñiga en la cárcel. Al final el primero reconoció que el acusado no era el asesino de su primo.