Existe una especie de esquizofrenia entre los sectores de la clase política mexicana, ya que por un lado se comprometen a promover avances en materia de transparencia y acceso a la información pública, y por otro se oponen a concretar las reformas que consoliden la ley en la materia, coincidieron integrantes de las asociaciones México Infórmate, Cimtra, Colectivo por la Transparencia y Fundar, Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) y Artículo 19.

En rueda de prensa, los integrantes de los colectivos exhortaron al Poder Legislativo a cumplir con su obligación de reformar íntegramente la Ley Federal de Transparencia (LFTAIP), acatando los principios del artículo sexto constitucional que ordena la máxima publicidad de la información gubernamental.

Esto, porque la semana pasada se aprobó en lo general el dictamen que reforma la LFTAIP, pero quedaron bajo reserva cuatro artículos fundamentales: 18 bis, 59, 46 y 55 bis.

De aprobarse la ley sin esos artículos, dijeron, se proporcionarían herramientas legales para la reserva de información de interés público, y se debilitaría al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), ya que se convertiría en una especie de ombudsman que sólo podría hacer recomendaciones.

Lilia Vélez, de México Infórmate y ex comisionada del Instituto de Transparencia de Puebla, advirtió que en algunos sectores de la clase política mexicana hay una suerte de arrepentimiento colectivo sobre el avance en materia de información, y por ello se resisten a la apertura o tratan la información pública como si fuera un bien de su patrimonio.

Así lo reflejan decisiones de los gobiernos federal y locales que se oponen a acatar las resoluciones del Ifai y han acudido a la Corte a impugnar las reformas a legislaciones locales que han significado un avance, como en Puebla, Querétaro y Campeche.

Miguel Pulido, del Colectivo por la Transparencia y Fundar, indicó que coincide con el presidente de la Amedi, Raúl Trejo Delarbre, en que hay una actitud esquizofrénica en el gobierno federal, pues mientras unos llaman a emprender avances, otros acuden a tribunales para evitar la apertura.

Ilustró con la postura de la Secretaría de Hacienda, que se opone a la transparencia de los fideicomisos públicos y de operaciones fiscales o bancarias que involucran recursos del erario, y de la Procuraduría General de la República (PGR), que se niega a entregar averiguaciones previas ya concluidas, al amparo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Este código señala que sólo tendrán acceso a las indagatorias el inculpado, su defensor, la víctima o su representante legal.

Pulido agregó que en materia de averiguaciones previas hay una altísima discrecionalidad por parte del gobierno federal. Incluso, dijo, la forma de impartir justicia en México tiene más que ver con el control político.