El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, anunció la creación de una licenciatura en ciencias forenses, la cual, dijo, ayudará a combatir la impunidad y mejorar la impartición de justicia en el país.

Al término de la firma del Convenio de utilización de cadáveres de personas desconocidas, con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), el Servicio Médico Forense (Semefo) y el Instituto Politécnico Nacional, (IPN) el rector manifestó que la nueva profesión será de gran utilidad en materia de prevención del delito, en el estudio de la criminología y para dar mayores elementos a los impartidores de justicia.

El presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, comentó que en el país hay menos de mil profesionales especializados en ciencias forenses, los cuales han tenido que atender a los “35 mil ejecutados en lo que va del sexenio de Felipe Calderón”, por lo que ante este panorama y las reformas penales, a partir de los peritos forenses tendrán que sustentar con pruebas sus dictámenes, es urgente la nueva carrera.

Aseveró que la licenciatura podría estar lista en agosto y que la PGJDF y el Semefo ofrecerán sus instalaciones.

Otros participantes

Narro Robles explicó que en la licenciatura participarán las facultades de Medicina, Química y Derecho, así como los institutos de Biomédicas, Ciencias Sociales e Investigaciones Antropológicas, además del Semefo y la PGJDF. Sólo falta que el programa sea revisado por los órganos colegiados de la máxima casa de estudios, añadió.

Los participantes en dicho acuerdo explicaron que se determinó que los cadáveres en esa condición que reciba el Semefo y estén relacionados con alguna indagatoria podrán ser entregados a las escuelas y facultades de medicina, tanto de la UNAM como del IPN, transcurridas 72 horas desde su recepción en esa instancia, que marca la Ley General de Salud, y en un máximo de cinco días más, previa autorización del Ministerio Público, el cual depende de la PGJDF.

Las instituciones educativas recibirán los cadáveres en calidad de depósito, en donde permanecerán para fines de docencia e investigación hasta en tanto no haya reclamación de éstos y por un máximo de 11 meses, tiempo tras el cual se procederá a la cremación, inhumación o preservación, proceso en el que las universidades tendrán la ayuda de la autoridad para facilitar el destino final de los cuerpos.