yer, por unanimidad, el Senado de la República aprobó en lo general un conjunto de reformas en materia de derechos humanos que, entre otros puntos, elevan a rango constitucional la defensa y promoción de esas garantías –las contenidas en la propia Carta Magna y las que emanen de los tratados internacionales suscritos por México–, y dotan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de facultades para investigar atropellos graves a esos derechos, potestad que hasta ahora sólo poseía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La aprobación de estas modificaciones legales se incrusta en un contexto de crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos en el país, sobre todo a raíz de la cruzada emprendida hace cuatro años por el gobierno federal contra la delincuencia organizada. Según puede verse, en el curso de esta guerra confusa y cruenta no sólo han proliferado toda suerte de tropelías y excesos cometidos por efectivos policiales y militares con la consigna de restablecer el estado de derecho, sino también se ha profundizado un manejo y una visión distorsionados del tema de los derechos humanos por el discurso oficial: así lo demuestran, entre otros elementos, la insistencia de las autoridades en presentar a las organizaciones delictivas como la principal amenaza a las garantías individuales –cuando la violación de éstas está intrínsecamente relacionada con acciones y omisiones de la propia autoridad– y en contraponer los derechos básicos de los delincuentes a los del conjunto de la población, como si los atropellos no fueran sufridos lo mismo por civiles inocentes que por infractores de la ley.

A lo anterior debe añadirse la persistencia de un deterioro generalizado del tejido social e institucional; la intensificación de la desigualdad, el desempleo, la marginación, la corrupción y la miseria, elementos que crean condiciones propicias para el quebranto del estado de derecho y para las violaciones a las garantías individuales. El estado de vulnerabilidad en que se encuentra la observancia de los derechos humanos dada la conjunción de factores coyunturales y estructurales hace deseable y necesario que el Estado adecue los marcos jurídicos con el propósito de defenderlos y, en ese sentido, la reforma aprobada ayer en el Senado debe ser saludada.

No obstante, la modificación constitucional resulta insuficiente para hacer valer esas garantías en el momento actual, cuando los artículos constitucionales son objeto de un incumplimiento deliberado y sistemático de la autoridad. Ejemplo de lo anterior son el quebranto recurrente, por el grupo en el poder, de los derechos constitucionales a la salud, al trabajo, al salario remunerador, a la educación y a la igualdad ante la ley; la decisión de involucrar a fuerzas armadas en funciones que les son constitucionalmente ajenas, y la entrega a particulares de tareas y potestades en materia energética que, según el mandato de la Carta Magna, son exclusivas del Estado.

En la circunstancia actual del país, más que de modificaciones formales al marco jurídico vigente en materia de derechos humanos, se requiere un compromiso efectivo de la autoridad para hacer valer el carácter universal e irrenunciable de esas garantías y para aplicar la ley de manera equitativa: no sólo a lo que el discurso oficial identifica genéricamente como delincuencia organizada, sino también a las expresiones de criminalidad político-empresarial –los llamados delincuentes de cuello blanco–, a los responsables de delitos del fuero común y, sobre todo, a los elementos de corporaciones policiales y militares involucrados en violaciones a derechos humanos.