La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó tres actas administrativas a la planta de Sempra Energía Costa Azul de Ensenada por omisiones que se detectaron en materia de impacto y riesgo ambiental, atmósfera y residuos peligrosos, pero precisó que esto no implica que estén en riesgo los recursos naturales.

La subprocuradora industrial, Janet Manzo, explicó que la inspección se realizó a solicitud de la ciudadanía y que la empresa tiene cinco días –que vencen el viernes– para responder a la dependencia. Esta inspección de la Profepa es independiente de los procedimientos que realiza el gobierno municipal y que llevaron a la clausura de las instalaciones en febrero pasado.

En esta inspección, la Profepa no consideró lo relativo al cambio de uso de suelo del sitio donde opera la planta regasificadora, ya que argumentó que ello compete al gobierno estatal.

Tampoco se refirió a otras presuntas irregularidades que se han señalado sobre la planta regasificadora, ya que únicamente tomó en cuenta que la empresa cumpliera con las condicionantes establecidas en la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Manzo dijo que los hallazgos los catalogamos como irregularidades administrativas que no son un riesgo y tampoco implican que la instalación cause un deterioro ecológico o daño grave a los recursos naturales.

En entrevista detalló que entre el 8 y el 11 de marzo ocho elementos de la Profepa acudieron a Ensenada para realizar la inspección en los rubros de impacto y riesgo ambientales. Dijo que se revisaron las actividades que requieren autorización, se pidió a la empresa la documentación para verificar si cumple con los términos y condicionantes que señala el permiso de impacto ambiental que dio la Semarnat y se evaluó el estudio de riesgo y el programa de prevención de accidentes.

En cuanto a atmósfera, indicó, se evaluó el cumplimiento que hace la empresa con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y las normas oficiales vigentes. Explicó que se hizo una evaluación de las fuentes fijas con posibilidad de generar contaminación y se revisaron requerimientos ambientales, como la licencia ambiental única y la cédula de operación anual.

Agregó que en materia de residuos se inspeccionó todo lo referente al manejo y disposición final, lo mismo que requisitos legales, como los manifiestos que elabora la planta y en los que da cuenta de su operación.

Una vez concluida la inspección, el viernes pasado, agregó la subprocuradora, la Profepa levantó una acta y dio cinco días hábiles para que la empresa manifieste lo que a su derecho convenga. Hasta ayer al mediodía no había entregado ninguna documentación en respuesta a las actas que se le levantaron.

Puntualizó que las faltas administrativas que se detectaron no son riesgo ambiental, no están catalogadas como que ponen en riesgo la salud pública o los ecosistemas. Sin embargo, insistió en que la inspección toma en cuenta lo autorizado en la MIA aprobada por la Semarnat y en la cual se establecieron 64 condicionantes para la operación y construcción de la planta.

La inspección se hizo en atención a la ciudadanía y se nos pidió que viéramos si realmente cumple con todas las autorizaciones y permisos de ámbito federal. Precisó que antes de esta visita de inspección ya se habían hecho otras seis, de las cuales las más relevantes son las de 2007, cuando se verificó el cumplimiento de la MIA que dio Semarnat para la operación de la planta, y la de diciembre de 2009, cuando se evaluó la contaminación atmosférica. Ambos procedimientos están cerrados, no hubo faltas administrativas.

Respecto de la autorización de uso de suelo que se dio a la planta para su construcción, precisó que es de competencia estatal. Y en relación con los tanques donde se almacena el gas natural licuado dijo que cumplen con los requerimientos que le pidió Semarnat.

Agregó que se hizo una evaluación previa antes de seleccionar las materias donde se podría encontrar incumplimiento de parte de la empresa, y la visita fue una inspección completa. Puntualizó que si en los próximos dos días no hay una respuesta de la empresa se aplicarán medidas y sanciones, y el procedimiento se puede llevar hasta cinco meses.