Los programas de interrupción legal del embarazo garantizan a las mujeres el acceso a servicios médicos de calidad, así como a métodos de planificación familiar que evitan la repetición de embarazos no deseados. Investigadores de diferentes organismos civiles, convocados por Population Council, presentaron los resultados de los trabajos que han realizado sobre la experiencia del Distrito Federal.

Mientras tanto, en Baja California, entidad gobernada por el PAN, 24 mujeres están en prisión bajo el cargo de homicidio agravado en razón de parentesco y se teme que en muchos de estos casos se trate de jóvenes que tuvieron abortos espontáneos, aseguraron integrantes de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.

A cuatro años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, los especialistas han encontrado, por ejemplo, que la tasa de reincidencia de embarazos no deseados, de mujeres que ya se han practicado un aborto, es de uno por ciento, mientras en otros países donde tampoco se penaliza el aborto es de 10 a 14 por ciento.

Con ello se echan por tierra los argumentos que en su momento esgrimieron organizaciones conservadoras en contra de la reforma al Código Penal del Distrito Federal, respecto de que las mujeres recurrirían masivamente a los hospitales para interrumpir sus embarazos.

Claudia Díaz, del Instituto Nacional de Salud Pública, detectó que luego de la interrupción legal del embarazo, 82 por ciento de las mujeres decidieron utilizar algún método de planificación familiar, lo cual es el doble de lo que se observa en otras naciones donde también se ha despenalizado el aborto.

Otros datos obtenidos a partir de las diversas investigaciones es que el promedio de edad de las personas con embarazos no deseados es de 25.4 años y la mayoría acuden a los servicios de salud en etapas tempranas de la gestación, alrededor de la semana siete. De acuerdo con la ley, la interrupción legal del embarazo se realiza antes de la semana 12.

Presas por posibles abortos espontáneos

En Baja California, a finales de 2008, el Congreso estatal modificó el artículo 7 de la Constitución del estado, referente a las garantías individuales, para proteger la vida desde la concepción. Así, las mujeres que por alguna circunstancia aborten podrían ser juzgadas; pero como estas reformas no se incluyeron en el Código Penal, se les está sentenciando desde la Constitución, que no penaliza.

En entrevista, Meritxell, Sarah y Psyche Calderón Vargas, integrantes de la Red, informaron que de las 24 mujeres encarceladas en la entidad por homicidio agravado en razón de parentesco, 14 ya fueron sentenciadas y 10 esperan sentencia.

Las activistas manifestaron su preocupación de que muchas de las detenidas por ese delito purguen penas por abortos involuntarios. Por ello, solicitaron al Congreso local un censo de las recluidas en el centro de readaptación social del estado para saber por qué ilícitos están en prisión y se revisen los expedientes para verificar que no se trate de abortos.

Este viernes, la Red y otras organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres se manifestaran en la sede del gobierno de Baja California en la ciudad de México.