El enfoque asistencialista con el que el Estado mexicano ha abordado la discapacidad ha generado exclusión y discriminación hacia las personas que la padecen, como es el caso del actual reglamento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual excluye de los servicios de estancias infantiles a los menores que presenten alguna discapacidad, con el argumento de que requieren una serie de atenciones particulares por su condición que no se les pueden dar, porque el personal no está capacitado para ello, indicó Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Nuestra sociedad requiere un mayor cambio cultural, que asegure una adecuada concepción de las personas con discapacidad como sujetas de todos los derechos y libertades reconocidas, y de la discapacidad como condición de vida y no como enfermedad, expresó durante su participación en el foro Por una sociedad incluyente, convocado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Apuntó que el clima de violencia que prevalece en algunas ciudades del país, como Ciudad Juárez o Monterrey, promueve la discriminación, pues cuando una sociedad está en situación de vulnerabilidad tiende a cerrarse y cuidarse de todo aquel que parece diferente.

Además, el titular del Conapred afirmó que 23 por ciento del padrón electoral femenino (equivalente a unos nueve millones de mujeres) ejerce su derecho al voto bajo la presión de sus parejas. Detalló que 6.8 por ciento de ellas piden permiso para saber por quién deben votar, mientras que 15.3 por ciento avisan por quién van a hacerlo, a reserva de que su decisión pueda cambiar por influencia de terceros.

El funcionario indicó que, de acuerdo con datos del anuario estadístico de la Secretaría de Educación Pública, la exclusión de menores con discapacidad física en educación básica es 10 veces mayor a la que sufren infantes sin discapacidad, lo que en puntos porcentuales se traduce en 26 por ciento contra 2.5 por ciento, respectivamente. Agregó que esta exclusión es mayor en educación superior, donde alcanza 94 por ciento.