Bogotá, 25 de marzo. Unos 40 mil jueces colombianos paralizaron hoy sus actividades en protesta por el asesinato de la magistrada Gloria Gaona, ocurrido el martes pasado en la localidad norteña de Saravena, y para denunciar el gran número de funcionarios del sector que se encuentran actualmente amenazados por bandas criminales.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial informó que la mayoría de los juzgados del país acató la orden de paro, con la que se busca llamar la atención del gobierno colombiano sobre el riesgo en que se encuentran los trabajadores judiciales, muchos de ellos amenazados por investigaciones que tienen a su cargo.

El sindicato denunció que hasta la fecha 220 funcionarios están amenazados, ya son 39 los desaparecidos desde 2000 y tres jueces han tenido que salir del país. Anualmente se registran en promedio 180 agresiones y amenazas contra los jueces, por lo que es necesario trasladarlos de ciudad, dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, Hernando Torres.

La protesta de los magistrados se produjo luego de que el martes fue asesinada la jueza Gloria Gaona, que entre otros casos investigaba el crimen de tres niños en 2010 por el cual está acusado un oficial del ejército. Gaona recibió cinco tiros en la cabeza en un ataque de sicarios cuando se dirigía a su oficina, en Saravena, departamento colombiano de Arauca.

Las mayores amenazan contra funcionarios judiciales tienen lugar en los departamentos de Antioquia, Santander, César, Cauca, Nariño y Bogotá. Asimismo, las amenazas provienen casi siempre de las bandas criminales, compuestas sobre todo por paramilitares y las organizaciones del narcotráfico y de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, denunciaron.

Sólo los jueces de las altas cortes y los tribunales especializados tienen protección; los demás están totalmente desprotegidos, indicó a los medios una fuente sindical. Por ello, el gremio propuso a las autoridades la conformación de un escuadrón especial de la policía para los despachos judiciales con el fin de frenar la violencia contra los magistrados.

En tanto, tras el asesinato el miércoles de tres líderes campesinos que reclamaban tierras robadas por los paramilitares de ultraderecha, se elevó la cifra de estos crímenes desde agosto a nueve, lo que pone de manifiesto los obstáculos que enfrenta el ambicioso plan de restitución de predios por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

No obstante, el mandatario colombiano advirtió que no vamos a permitir que los violentos vayan a detener una política que para nosotros es fundamental.

Santos afirmó que su propósito es devolver a los campesinos 2 millones de hectáreas de tierra en los cuatro años de su gobierno, que les han sido usurpadas por paramilitares y guerrilleros durante el conflicto armado.