lo que puede verse, la candidatura presidencial encabezada en 2006 por Andrés Manuel López Obrador obtuvo muchas más reacciones que la puesta en marcha de una virulenta campaña propagandística que intoxicó el ambiente político de hace un lustro y que se basó en la caracterización del tabasqueño como un peligro para México. El cable difundido recientemente por Wikileaks, según el cual el obispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, pidió al gobierno estadunidense frenar el avance del entonces candidato de la Coalición por el Bien de Todos, permite ponderar el rechazo que provocó en la jerarquía católica la perspectiva del arribo al poder de un proyecto político de izquierda y con contenido social; su temor a un cambio, así fuera mínimo, en el actual modelo económico, y su disposición a jugar un papel más importante en las elecciones de hace un lustro.

Por añadidura, en el citado documento se pone en relieve el peligroso alcance de las ligas políticas que ha logrado tejer la Iglesia católica con autoridades seculares dentro y fuera del país; su determinación para operar políticamente a niveles que trascienden las fronteras nacionales y la falta de escrúpulos de algunos de sus integrantes a la hora de fijar y defender sus posturas e intereses relacionados con los asuntos terrenales.

Es inevitable percibir, en la referida petición (¿o exigencia?) del prelado jalisciense, algo más que el proverbial celo apostólico y el paternalismo con que los altos jerarcas eclesiásticos han pretendido orientar a su feligresía en asuntos electorales: desde las prohibiciones explícitas para sufragar por el Partido Comunista tras su legalización, a finales de la década de los 70, hasta los recientes pronunciamientos por respaldar opciones partidistas que defiendan la vida y los valores familiares, pasando por la recurrente proclama, surgida en tiempos del salinismo, de que no votar es pecado. La solicitud del religioso para que el gobierno de George W. Bush intercediera en el proceso electoral de hace un lustro en contra del político tabasqueño constituye, además, un intento inadmisible por involucrar a un gobierno extranjero en asuntos que corresponden exclusivamente a la voluntad de los mexicanos, y una invitación ominosa a subvertir la soberanía nacional que remite inevitablemente a lo ocurrido tras la guerra de Reforma, cuando el derrotado bando conservador y la jerarquía católica, inconformes con el gobierno juarista y con la Constitución liberal de 1857, ofertaron el inexistente trono de México a un príncipe europeo: Maximiliano de Habsburgo.

En un pleno estado de derecho, la conducta de Sandoval Íñiguez ameritaría ser esclarecida, investigada y, en su caso, sancionada conforme a la ley. Pero el cardenal jalisciense es respaldado por un historial de impunidad que lo mismo lo ha librado de acusaciones por proselitismo político y vulneraciones a los principios legales que consagran el carácter laico del Estado, que de acusaciones por lavado de dinero, malversación de limosnas y protección de curas pederastas. Desde esa posición, Sandoval ha ejercido una amplia influencia política en su estado natal, ha acusado sin pruebas al Estado mexicano por el asesinato de su predecesor, Juan Jesús Posadas Ocampo, y ha propalado en falso la versión de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dejaron maicear por el Gobierno del Distrito Federal durante la reciente discusión sobre la constitucionalidad de los matrimonios del mismo sexo, todo ello sin ser llamado a cuentas por las autoridades correspondientes.

Semejante historial resulta desesperanzador, pues abre la posibilidad de que la conducta relatada en los cables de Wikileaks permanezca impune, para infortunio de la vida política y democrática del país y para mayor descrédito y desgaste de una administración calderonista que, paradójicamente, ha sido, junto con la foxista, la más afín y cercana a la Iglesia católica en el último siglo y medio.