Los llaman halconcitos y hacen trabajos de espionaje callejero para el crimen organizado; también roban, secuestran y asesinan. Los cárteles de la droga han reclutado a niños de entre 10 y 15 años. Son pequeños infractores olvidados, despreciados por el Estado, sin políticas públicas para rescatarlos de la delincuencia. Están etiquetados como narcomenores y, en Nuevo León, uno de los estados más violentos del país, pretenden empezar a juzgarlos como adultos.

La iniciativa de ley presentada ante el Congreso busca reformar, en adición al artículo 18 de la Constitución, la reducción de la edad penal a 12 años en casos de delincuencia organizada. Sus impulsores son los alcaldes panistas Mauricio Fernández Garza, de San Pedro Garza García; Carlos de la Fuente, de San Nicolás de los Garza, y el diputado blanquiazul Víctor Fuentes Solís, con el consentimiento del gobernador priísta Rodrigo Medina.

En los primeros seis meses del año, los arrestos de menores aumentaron 800 por ciento en la entidad; la mayoría de ellos detenidos por el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Se les acusa de delitos contra la salud, contra la seguridad de la comunidad, homicidio agravado, lesiones, violación y privación ilegal de la libertad, entre otros; pero particularmente son arrestados por colaborar con la delincuencia organizada.

Las estadísticas demuestran, además, que 90 por ciento de los menores evaden los juicios gracias a los métodos de mediación de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del estado de Nuevo León, y sólo 10 por ciento son turnados a la autoridad judicial para efectos de sanción. Peor aún, los encarcelados difícilmente recibirán un programa efectivo de rehabilitación, pues los números demuestran que la mayoría reincide incluso cometiendo delitos más graves.

Ante este panorama, los impulsores de la nueva ley han encontrado suficientes argumentos para defender un sistema punitivo: Están empezando a delinquir desde los 9 años, dice Fernández Garza para justificar su iniciativa; hay que modificar la legislación para terminar con la impunidad que permite que los menores se enrolen a grupos del crimen organizado. Deben ser castigados de manera ejemplar.

El último eslabón

Los cuatro, dos chicos y dos chicas de entre 15 y 16 años, llevaban una metralleta tipo Uzi. Habían robado varias gasolineras y una camioneta Dodge Journey del año. La diversión estaba asegurada durante quince días, hasta que la semana pasada la policía los detuvo y descubrió que las armas eran de juguete.

La ciudad de Monterrey y su área metropolitana tiene alrededor de 30 mil pandillas, según datos del gobierno, particularmente en colonias marginadas. Los cárteles del narcotráfico, que han colmado de droga las zonas pobres, aprovechan la adicción de niños y adolescentes para reclutarlos como narcomenudistas, halcones o sicarios.

Para el abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Demián Garza, los niños y adolescentes son el último eslabón de los cárteles de la droga, pero no por eso se les puede juzgar como adultos: Las mismas autoridades están obligadas a proteger a la infancia del comercio sexual, explotación laboral, deserción escolar, etcétera. Ahora pretenden criminalizar un problema social, desde una óptica netamente punitiva. Entiendo que se basan en la idea de que los índices de criminalidad, en relación con delitos cometidos por menores, ha aumentado de manera exponencial, pero evaden hablar de inversión en todo lo que tiene que ver con necesidades básicas de niños y adolescentes.

CADHAC es una de las pocas asociaciones que se oponen a la reducción de la edad penal: La propuesta no ataca el fondo del problema, no se trata de quitar derechos procesales a los niños que delincan, sino de atender las causas que los hacen participar en la delincuencia. Es fundamental que entendamos que en muchas ocasiones los niños son forzados a participar en actos criminales en contra de su voluntad; en otras ocasiones la pobreza y la falta de oportunidades los colocan en una situación extrema de vulnerabilidad que nuestros legisladores no deben pasar por alto, expresó en un comunicado.

Las detenciones de menores se dan de manera cotidiana. Los medios de comunicación, en general, publican sus rostros, sus nombres, sin respetar la edad de los infractores. Hace unos días los soldados detuvieron en la zona norte de Monterrey a tres halconcitos de 13, 14 y 15 años. Iban en un coche robado. Traían un Nextel y el Ejército señaló que los detenidos reconocieron que espiaban sus desplazamientos y los reportaban a la delincuencia organizada a cambio de 3 mil pesos a la quincena. La Policía Federal detuvo luego, en la carretera Monterrey-Laredo, a otro menor de 14 años acusado de halconeo para el crimen organizado: “Van los pitufos (policías federales) con dos rapiditas (patrullas)”, dijo el niño, según alcanzaron a oír los policías.

Este tipo de delitos son los que estarían contemplados en un quinto párrafo del artículo 18 de la Constitución, para que los niños a partir de los 12 años puedan ser juzgados como adultos. Los panistas y algunas autoridades estatales defensores de la reforma señalan que de esta manera se evitaría que el crimen organizado reclute a menores, ya que ahora lo hacen porque saben que no son sujetos de imputación jurídica.

Contrario a esta visión, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León, Alfonso Verde Cuenca, dijo que el control de los menores corresponde a los adultos: La Procuraduría de Justicia estatal se escuda en que no puede retenerlos, para negar también su papel como instancia investigadora, y al no recluirlos, pese a que la ley da herramientas y establece penas hasta de ocho años, propicia que sean utilizados por el crimen organizado, aparte de que no se puede impulsar tal medida sin subsanar las fallas institucionales existentes.

Sicariato infantil

Especialista en cortar cabezas y genitales, Edgar Jiménez Lugo, El Ponchis, saltó a la fama a finales del año pasado cuando fue detenido por el Ejército. Hace unos días comenzó el juicio oral con más de 30 testigos en su contra, acusado de transportación de droga, uso de armas de uso exclusivo del Ejército, delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, y cuatro homicidios dolosos. El Ponchis es el rostro más conocido de los niños sicarios, pero también la cara de un sistema que está fallando en las políticas públicas dirigidas a la prevención de la drogadicción y la delincuencia.

El mayor número de menores sentenciados se da en los estados fronterizos más violentos del norte del país: Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, donde el año pasado fueron condenados más de mil 108 menores de edad, según cifras del gobierno federal.

El problema con los encarcelados es que sus probabilidades de rehabilitarse en los centros de internamiento del país son mínimas. La mayoría de estos lugares carecen de infraestructura y programas efectivos que les permitan reintegrarse. Incluso, las estadísticas muestran un alto nivel de reincidencia.

En Nuevo León, por ejemplo, la ONU reprobó el sistema del Centro de Internamiento de Adaptación para Adolescentes Infractores, dependiente de Seguridad Pública del estado y dirigido por Víctor Castelar. En su última visita los funcionarios del Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pudieron comprobar que los menores infractores son encerrados en una especie de jaulas, no tienen actividades recreativas, carecen de atención médica y de programas sicológicos encaminados a su bienestar.

Los menores se encontraban encerrados en una especie de jaula todo el día sin poder realizar ningún tipo de actividad física, educativa o cultural. Sus salidas estaban limitadas a 15 minutos diarios y no tenían ningún programa de actividades. Los custodios les quitaban los colchones a las 5 de la mañana y se quedaban sin un lugar siquiera donde sentarse. No tenían ni sillas ni otros muebles ni tampoco contaban con bibliotecas o libros, dice un informe del año pasado que incluye el caso de una menor que abortó dentro del centro y sufrió una infección por no haber sido llevada al hospital posteriormente.

La justicia restaurativa es pues un objetivo lejos de alcanzar bajo estas circunstancias, por lo que CADHAC exige atender el problema de manera diferente, no reduciendo la edad penal: La respuesta no es mano dura contra la parte más débil de la delincuencia, que los utiliza como carne de cañón, sino que se deben instituir medidas legislativas de política pública para evitar que los reclute la delincuencia organizada, y para sancionar seriamente a los adultos que sean responsables de tal conducta.

Demián Garza, especialista en derechos humanos, explica que en Nuevo León estos mismos grupos buscaron primero reducir la edad penal a 16, luego a 14 y ahora a 12 años: Nada justifica endurecer las penas contra una infancia y juventud cada vez más abandonada en términos de las obligaciones del Estado. Nunca se preocuparon por la cantidad de niños que pedían dinero en los cruceros, que vendían chicles, flores, que cuidaban carros... Según entiendo, ahora no es común verlos a ellos. ¿A dónde se fueron? El Estado debe atender las causas antes de combatir los efectos.