n una reunión con senadores de la República, el relator para temas migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González Morales, alertó ayer sobre la falta de eficacia de la Ley de Migración, en la medida en que ésta aún carece de un reglamento que permita su aplicación adecuada, y destacó que los migrantes detenidos por las autoridades tienen menos derechos que los que cometieron delitos; por ejemplo, no se da derecho al debido proceso ni a la defensa jurídica de su situación. Asimismo, demandó que se permita que las organizaciones de derechos humanos ingresen a las estaciones migratorias, a fin de que puedan observar la situación en la que se encuentran los indocumentados.

La presencia del funcionario internacional en el país coincide con la multiplicación de las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados cometidas por elementos gubernamentales y con las agresiones criminales perpetradas en su contra por grupos delictivos. Ambos fenómenos configuran una situación catastrófica en la cual los migrantes sin documentación han quedado situados como la parte más indefensa del conglomerado humano que reside en el país o transita por él. Si se considera la extremada vulnerabilidad en la que se encuentran grandes porciones de la población mexicana ante la ofensiva delincuencial y la estrategia gubernamental para contenerla, el desamparo de esos migrantes –centro y sudamericanos, caribeños, asiáticos, africanos, europeos del este, en su enorme mayoría–, incluso mayor que el de los connacionales ubicados en regiones tomadas por la delincuencia, resulta una vergüenza para el país, un grave atropello a las leyes nacionales e internacionales, así como un agravio a los principios básicos de humanidad y de ética.

Un dato escalofriante que ilustra la circunstancia de los indocumentados en nuestro país es la desaparición de miles de ellos en su tránsito por territorio nacional. Ayer mismo, la caravana Paso a paso hacia la paz, formada por familiares de algunos de esos desaparecidos de origen centroamericano, ingresó a México por Ciudad Hidalgo, Chiapas, con la intención de recorrer las rutas más frecuentadas por la corriente migratoria que procede del sur, hasta llegar a la ciudad de México, donde tiene previsto realizar un encuentro en el Zócalo y reunirse con legisladores de la República.

Ante la indolencia del gobierno federal frente a los atropellos cometidos contra dichos migrantes, resulta urgente y necesario que el Legislativo tome cartas en el asunto y se comprometa a impulsar la búsqueda y el rescate de los desaparecidos, pero también a completar un marco normativo que permita otorgar a los extranjeros un trato digno, justo, humanitario y apegado a los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para México es vinculatoria.

El enorme saldo de muerte, destrucción y dolor que deja día a día la guerra a la que fue llevado el país no tiene nacionalidad. La sociedad en general tiene ante sí el deber de solidarizarse con quienes vienen en la caravana Paso a paso hacia la paz, porque su situación trágica es parte de la nuestra. Pugnar por la erradicación de las condiciones infernales que afrontan los migrantes en su paso por el país es una forma de contrarrestar la degradación legal, moral y humana que padece México en la hora presente.