Los centros de reclusión en el país son espacios propicios para que se cometan atentados contra la dignidad humana, pues en ellos se presentan innumerables y sistemáticas violaciones a las garantías fundamentales, como torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de homicidios, señalaron activistas y académicos.

Durante el foro Sobre las condiciones de detención en México, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), dijo que el sistema penitenciario del país se compone de 429 penales, de los cuales existe sobrepoblación en 212, y en algunos casos ésta es superior a 200 por ciento.

Con base en cifras oficiales, el activista resaltó que de 1990 a 2010 la cifra de personas privadas de su libertad pasó de 90 mil a 220 mil (un incremento de 150 por ciento). Fenómeno que se da sobre todo por el abuso de la prisión preventiva. Inclusive, recordó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que en los pasados 10 años la sobrepoblación en los penales del país no fue menor a 23 por ciento.

Además del exceso de población en las cárceles, la mitad de los reclusos se concentra en sólo 28 centros de detención y en los estados de Baja California, Jalisco, estado de México, Puebla, Sonora y Distrito Federal.

Recordó que de las 222 mil personas presas en el país, 45 mil corresponden a delitos del fuero federal, de los cuales la mitad ya fueron sentenciados y el resto está sujeto a proceso. Esto nos muestra un uso excesivo de la prisión preventiva. En tanto que hay 175 mil detenidos por delitos del fuero común: 105 mil ya con sentencia y unos 70 mil en proceso judicial.

El director del Centro Prodh manifestó la preocupación de la organización por las condiciones indignas y denigrantes en que vive la mayoría de las personas en situación de detención.

Por su parte, Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), indicó que el país necesita un mecanismo que haga valer y garantice los derechos de las personas privadas de su libertad. Afirmó que el sistema de justicia penal debe hacerse efectivo, de tal forma que las garantías constitucionales se cumplan a cabalidad en las personas que están purgando penas de prisión.

Indicó que la pena debería terminar con la sentencia del juez; sin embargo, en ocasiones ésta se agrava porque las autoridades penitenciarias deciden castigar, incomunicar o considerar a los presos como de alta peligrosidad, lo que atenta contra las garantías de los prisioneros y hace más grandes las penas que dictó el juzgador.

Durante el foro, realizado en el auditorio del Centro Prodh, también se analizó la situación de las mujeres en detención. Del total de personas privadas de su libertad en el país, 5 por ciento son mujeres, a quienes se les imponen penas más severas que a los hombres por el mismo delito.

Datos de la reclusión en el Distrito Federal muestran que la mayoría de las detenidas tiene entre 18 y 30 años, y en 70 por ciento de los casos son analfabetas o sólo con estudios de primaria. Además, antes de involucrarse en la comisión de delitos eran amas de casa, comerciantes o trabajadoras del hogar.

Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, señaló que los hombres y las mujeres en situación de detención deben tener las mismas condiciones de equidad y dignidad, considerando también las diferencias de sus condiciones de género y social. Sostuvo que las mujeres en situación de detención sufren de una vulnerabilidad especial que trae como consecuencia daños severos en el tejido social.