La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó medidas cautelares a Fernando Rodríguez González, quien fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de actuar en complicidad con Raúl Salinas de Gortari en el homicidio del priísta José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido en septiembre de 1994, reveló ayer una fuente jurídica conocedora del tema.

En julio de 2010, la CIDH admitió una queja contra el Estado mexicano, la cual fue presentada por un importante despacho de abogados penalistas mexicanos, cuyos servicios fueron contratados por Rodríguez.

En la queja se alegaron presuntas torturas y violación a las garantías procesales de Rodríguez, quien enfrenta una condena penal por haber sido encontrado responsable como uno de los autores intelectuales de ese crimen político.

Las medidas cautelares son un recurso legal de protección internacional que se solicita ante la CIDH cuando la parte quejosa considera que corre peligro su vida, su libertad o su patrimonio.

Al solicitar esas medidas, el peticionario requiere a las autoridades jurisdiccionales internacionales que ordenen al Estado acusado garantizar la tutela de las garantías y derechos humanos del quejoso.

El organismo internacional planteó en días pasados al gobierno de México un procedimiento de solución amistosa a esta controversia en la que el quejoso solicita su excarcelación, indemnización y cancelación del registro de antecedentes penales, pues alega haber sido víctima de una persecución en contra de su persona, diseñada por las intereses de políticos ligados al Partido Revolucionario Institucional.

Rodríguez fue colaborador del ex diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, y ocupaba el cargo de secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados cuando, según la acusación que hizo en su contra la PGR, contrató por 50 mil pesos los servicios de Daniel Aguilar Treviño, el asesino material de Ruiz Massieu.

Según consta en el informe 73/10 de la CIDH, derivado de la petición 980-04, Rodríguez alega en el recurso que los testimonios donde confiesa el crimen fueron obtenidos bajo torturas y que por ello carecen de valor probatorio. Sostiene además que la investigación fue parcial de origen, pues Mario Ruiz Massieu, hermano de José Francisco, era el subprocurador de la PGR encargado de las pesquisas.

Fernando Rodríguez fue aprehendido el 10 de octubre de 1994 en el estado de Zacatecas.