La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con el voto mayoritario de PRI, PAN, PRD y Partido Verde, aprobó en lo general la cuestionada minuta de Ley de Seguridad Nacional como documento base, para elaborar un dictamen a presentarse en el próximo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro.

La posición de los legisladores que dieron su voto aprobatorio redundó en que adicionarán las observaciones y propuestas de especialistas que participaron en las audiencias públicas con la Comisión de Gobernación.

Por el contrario, el PT denunció el riesgo que representa para el país una ley donde se privilegia la seguridad de los gobiernos en turno y se desprecian las garantías individuales.

Ayer se confrontaron las dos vertientes principales que definirán los conceptos de seguridad nacional en la legislación del país. De una parte el rechazo a crear un superpoder que invada las competencias de los gobiernos, que afecte la libertad de tránsito y sostenga en sus términos el fuero militar.

En el otro extremo los priístas y el PVEM manifestaron que la pretensión de sus partidos se enmarca en acotar la facultad de que goza el Ejecutivo federal para disponer de las fuerzas armadas cuando se afecte la seguridad del país.

Javier Corral condujo la sesión y delineó la ruta crítica que siguió a la aprobación de la iniciativa enviada por Felipe Calderón en abril de 2009 al Congreso federal. El legislador panista advirtió que cumplirá con su mandato aplicando el reglamento y la norma que rige las comisiones ordinarias.

Tras esa puntualización, la priísta Claudia Ruiz Massieu –sobrina de Carlos Salinas de Gortari– dio lectura a la posición del tricolor, que meses atrás había elaborado un documento que pretendía hacer pasar como proyecto de dictamen y al que se señalaba como texto elaborado por las secretarías de la Defensa y Marina, donde se protegía la actividad militar y sus consecuencias en el combate a la delincuencia organizada.

También el PAN, en voz de Agustín Torres Ibarrola; el PRD, con Teresa Incháustegui, y el PVEM, con Lorena Corona Valdés (integrante de la telebancada y ex abogada de Televisa), anunciaron que sus partidos votarían en lo general la minuta del Senado. La réplica a tal posición correspondió a los petistas Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas y Teresa Guadalupe Reyes.

Cárdenas expuso que su partido se opondrá en lo general y lo particular al documento que se encuentra sobre la mesa, porque representaría un golpe extremo a la libertad, a los derechos y garantías individuales.

La diputada Reyes recriminó a los integrantes de la comisión: parece una burla haber invitado a tantos especialistas; todos plantearon que era nefasta la aprobación de esta ley, y parece que se pretende lavar la cara a los diputados.

La crítica a la postura del PRI fue desoída por la mayoría de los integrantes de ese partido: aquellos que no se comunicaban por teléfono o mandaban mensajes de texto, abandonaban sus lugares asignados, y otros, como Mercedes del Carmen Guillén Vicente, reprochaba con enfado a quienes la emprendían contra el tricolor. Incluso pretendió corregir a Porfirio Muñoz Ledo cuando éste anunció que él como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores había encontrado siete violaciones a los tratados internacionales que ha firmado México en el contenido de la minuta.

El petista, elevando la voz, consideró: Estamos ante un hecho grave, frente a la legalización del abuso; estamos al borde de una represión sistematizada.

Advirtió que la aprobación en lo general es lo que realmente queda inscrito en la historia del Poder Legislativo y del país: En cualquier nación que se precie de tener un Legislativo soberano, primero se discute en lo particular, se elabora el dictamen y después se aprueba en lo general. ¿Para qué la farsa que estamos viendo? El trabajo legislativo en México es tan deficiente que se justifica lo injustificable.

Beatriz Paredes llamó a no partidizar la discusión y el debate.