Organizaciones civiles y defensores de los derechos de los indocumentados deben participar en la elaboración del reglamento de las leyes de migración y de refugio, porque de otra manera quedará fuera de la realidad que viven miles de personas que cruzan el país hacia Estados Unidos, afirmó Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la dimensión pastoral de la movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La alerta lanzada la víspera por Aministía Internacional (AI) sobre una degradación en México en materia de derechos humanos similar a la vivida en países del cono sur, fue secundada ayer por activistas, como la senadora Rosario Ibarra, quien pidió atender la advertencia, sobre todo por venir de una organización seria que conoce perfectamente la situación y no se equivoca cuando afirma que el país está al borde de una represión sistematizada.

Senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideraron que se requiere una profunda investigación sobre las causas por las que se removieron a 21 delegados de la Procuraduría General de la República (PGR), ante el riesgo de que haya sido por corrupción o colusión con el crimen organizado. El diputado Alfonso Navarrete Prida fue más allá y demandó que desaparezca la PGR y en su lugar se cree una fiscalía general de la nación.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aplazó una semana la discusión de la minuta del Senado sobre la ley federal contra el lavado de dinero, luego de que legisladores de PRI y PRD consideraron que obligar a los ciudadanos, comerciantes y notarios a reportar transacciones con dinero en efectivo los pondría en riesgo ante la delincuencia y los colocaría en el papel de soplones del gobierno federal.

El secretario de finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Salinas, defendió que el instituto político tiene estabilidad económica, tras sanear las deudas que venía arrastrando de las gestiones de Rosario Robles y Leonel Cota Montaño, con la aplicación de un programa de austeridad, que incluye poner control a viajes, comisiones oficiales y viáticos.

Durante la reunión de la segunda comisión de la Permanente, el PRI se impuso y logró que por tercera ocasión se aprobara un punto de acuerdo referido al monumento para celebrar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, conocido como Estela de Luz.